La Fiscalía ha ampliado su investigación contra la presidenta Dina Boluarte, incorporando nuevos cargos y extendiendo el escrutinio al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en relación con el caso Rolex. Este anuncio, emitido por el Ministerio Público, añade a Boluarte un presunto delito de cohecho pasivo impropio y acusa a Oscorima de cohecho activo genérico.
Según informes, la investigación se ha intensificado tras alegaciones de que Boluarte recibió relojes y joyas de Oscorima bajo la pretensión de un “préstamo”, lo que ha suscitado sospechas sobre posibles favores ilícitos. El abogado Hugo Mendoza, comentando para Infobae Perú, explicó que el origen y la intención detrás de estos regalos son cruciales para entender el posible intercambio ilícito.
Mendoza señaló que si los relojes y joyas fueron dados a cambio de beneficios como licitaciones de proyectos públicos, esto podría configurar actos de corrupción. Además, indicó que cualquier irregularidad descubierta en los documentos de contratación podría implicar que estos regalos eran en realidad promesas para obtener ventajas indebidas.
La implicación de estos altos funcionarios en actos de corrupción ha causado un revuelo considerable, con la fiscalía esforzándose por detallar la trazabilidad de los regalos y su conexión con decisiones gubernamentales favorecedoras hacia Oscorima.
Este caso surge en un momento crítico para la política peruana, donde la corrupción sigue siendo un tema central de debate público y escrutinio.
