Durante más de una década, la migración infantil no acompañada desde Centroamérica hacia la frontera con Estados Unidos ha sido una constante, impulsada por la búsqueda de seguridad y mejores oportunidades. Históricamente, muchos de estos menores han recibido protección en suelo estadounidense, evitándose, en gran medida, la aplicación estricta de las leyes de inmigración. Esta tendencia, sin embargo, parece haber cambiado drásticamente bajo la administración Trump, generando preocupación entre defensores de derechos humanos y educadores.
Según la investigación publicada por The New York Times, un número creciente de estos niños se enfrenta a la presencia de agentes federales en sus vidas cotidianas, lo que ha generado alarma en la comunidad inmigrante y entre quienes trabajan para proteger a estos menores.
Desde Nueva York hasta Hawái, agentes del gobierno han estado realizando visitas sorpresa en escuelas, hogares y refugios para inmigrantes con el fin de entrevistar a los niños. La administración Trump justifica estas visitas como “verificaciones de bienestar” destinadas a asegurar que los menores estén inscritos en la escuela y recibiendo el cuidado adecuado. Sin embargo, estos agentes no son trabajadores sociales ni especialistas en bienestar infantil, sino miembros de Homeland Security Investigations (HSI), una unidad especializada de Immigration and Customs Enforcement (ICE) que se enfoca en combatir el tráfico de drogas y armas, los delitos cibernéticos y los delitos financieros.
La naturaleza de estas visitas, llevadas a cabo por agentes cuya experiencia se centra en la investigación criminal, ha suscitado serias dudas sobre las verdaderas intenciones del gobierno. En un incidente ocurrido el mes pasado, agentes federales que buscaban niños se presentaron sin previo aviso en dos escuelas primarias de Los Ángeles, donde se les negó la entrada, reflejando la creciente desconfianza hacia estas prácticas.
Aunque los riesgos que enfrentan los niños que llegan solos a Estados Unidos son bien conocidos, la participación de investigadores criminales en estas “verificaciones de bienestar” ha generado una gran inquietud entre defensores de derechos humanos, educadores y abogados. Argumentan que estas visitas son, en realidad, una táctica para acelerar las deportaciones y generar temor en las comunidades inmigrantes. Se teme que la información recopilada durante estas entrevistas se utilice para identificar y deportar tanto a los niños como a sus familias.
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha confirmado que, durante estas verificaciones, se ha detenido a algunos cuidadores que se encuentran en el país de manera irregular. En casos donde no había otros adultos autorizados para cuidar de los niños, los agentes los han puesto bajo custodia gubernamental. No obstante, no se ha especificado cuántos adultos o niños han sido detenidos como resultado de estas visitas ni si alguno de ellos ha sido deportado. La administración Trump argumenta que estas acciones son necesarias para proteger a los menores no acompañados del riesgo de tráfico sexual y otras formas de explotación. La administración Trump implementó la política de “tolerancia cero” en la frontera en 2018, lo que resultó en la separación de miles de niños de sus padres. Anteriormente, la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de la Trata de 2008 (TVPRA) estableció procedimientos especiales para el manejo de niños no acompañados.
La participación de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), también ha generado controversia. Tradicionalmente, esta agencia ha operado de manera independiente de ICE y otras entidades policiales, siendo responsable del bienestar de los menores no acompañados. Sin embargo, documentos recientes revelan que la ORR ha contratado a varios especialistas en detención y deportación, lo que sugiere un cambio en su enfoque y una mayor colaboración con las autoridades de inmigración.
