La violencia en Piura, región ubicada al norte del Perú, ha alcanzado niveles alarmantes en los primeros días de 2025, con al menos cinco muertes a manos de sicarios. El incremento de asesinatos y delitos violentos está dejando a los ciudadanos en un constante estado de temor y preocupación, mientras las autoridades locales parecen superadas por la magnitud del problema.
“Mucho abuso, extorsiones. Ponemos una tienda, nos vienen a cobrar cupos. Todo el Perú es un desastre, no solo Piura. Tienen que poner fuerza, más seguridad para nosotros”, comentó una vecina del lugar a Exitosa Noticias, reflejando el desamparo que sienten los piuranos frente a la inseguridad.
Crímenes que conmocionan a Piura
La primera víctima del 2025 fue Omar Jesús Guzmán Mejía, un joven mecánico de 39 años que fue asesinado el 1 de enero en la puerta de un bar en la urbanización Los Titanes. Según testigos, el crimen ocurrió tras un altercado con el personal de seguridad del establecimiento, cuando sicarios dispararon a plena vista de los vecinos. En el ataque, dos personas resultaron heridas por los disparos.
Días después, la violencia continuó cobrando vidas. Anthony Távara Pulache, de 28 años, y su primo Alfonso Hernán Valle Mendoza, de 18, fueron asesinados frente a otro bar en un hecho similar. A estas muertes se suma el trágico caso de María de los Ángeles Arellano, una madre de familia que fue acribillada mientras conversaba con una amiga en el asentamiento humano Campo Poolo. En el ataque, su amiga también resultó herida.
En total, las últimas semanas en Piura han dejado un saldo de mecánicos, obreros y madres de familia asesinados, extendiendo el miedo y la consternación entre los habitantes de la región.
Extorsión, miedo y desesperanza
Los testimonios de los piuranos reflejan una realidad aterradora, donde la seguridad en sus barrios parece estar controlada por delincuentes. “No hay seguridad, no hay protección para nadie. Las extorsiones están a la orden del día, y lo peor es que la policía parece no poder con la situación”, declaró una comerciante local, quien aseguró haber sido víctima de robos y extorsiones.
En Sullana, una de las provincias más golpeadas por el auge del sicariato, las autoridades han declarado el estado de emergencia en varias ocasiones. Sin embargo, los resultados han sido mínimos y las medidas implementadas no han logrado contener el problema.
Francisco Olivares, secretario general de la Juveco de Santa Teresita, expresó su frustración ante la ineficacia de los operativos: “Los operativos de emergencia no sirven. La delincuencia sigue creciendo, y la situación empeora”, afirmó.
Olivares también cuestionó la efectividad de la presencia policial: “En 2021, nos trajeron 50 policías de la DINOES, pero la violencia no disminuyó. Cada vez que ha habido un proyecto de envergadura en Sullana, ha habido muertos”, señaló, evidenciando cómo la falta de planificación estratégica ha permitido que la inseguridad persista.
Limitaciones en las investigaciones
Otro factor que agrava la situación es la falta de infraestructura en el área de criminalística en Piura, lo que limita seriamente las investigaciones. Los exámenes forenses deben ser enviados a Lima, lo que retrasa los procesos y, en muchos casos, permite que los criminales queden en libertad por falta de pruebas oportunas.
Este problema no solo afecta a las familias de las víctimas, sino que también desmotiva a los ciudadanos a denunciar los crímenes, por la desconfianza en que se haga justicia.
Un problema que refleja una crisis nacional
La creciente inseguridad en Piura no es un problema aislado, sino un reflejo de la crisis que atraviesa todo el país. El sicariato, las extorsiones y los delitos violentos han encontrado terreno fértil en un sistema judicial y policial debilitado, donde la impunidad sigue siendo un obstáculo importante para la erradicación de la violencia.
“Tienen que poner fuerza, más seguridad para nosotros”, exigió una vecina de Piura, haciendo eco de la frustración generalizada que sienten los peruanos frente a la inacción del gobierno y las autoridades locales.
Medidas del Gobierno: ¿suficientes?
En respuesta a la crisis, el gobierno ha puesto en marcha iniciativas como la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial que está disponible las 24 horas del día. Esta línea permite a los ciudadanos denunciar extorsiones y proporciona una herramienta para entregar pruebas como audios y videos.
Además, este servicio está conectado con la Central de Emergencias 105, lo que, en teoría, debería permitir una atención más rápida y eficaz para las víctimas de delitos. Sin embargo, muchos ciudadanos cuestionan si estas medidas son suficientes para hacer frente a la magnitud del problema en regiones como Piura.
Testimonios de desesperación
La situación en Piura ha dejado a los ciudadanos sumidos en un estado de desesperanza. “Mucho abuso, extorsiones. Todo el Perú es un desastre, no solo Piura”, aseguró una residente.
Mientras tanto, el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos en manos de sicarios sigue marcando un panorama de incertidumbre y miedo. La falta de resultados efectivos en los operativos de seguridad y la demora en las investigaciones han generado un clima de desconfianza hacia las autoridades.
