El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) atraviesa la peor crisis institucional de los últimos años. Entre denuncias de corrupción en la cúpula, un clima de descontento laboral y la propuesta del Ejecutivo de desaparecer la entidad para reemplazarla con la Superintendencia Nacional del Internamiento (Sunir), los trabajadores advierten que el sistema penitenciario está al borde del colapso.
El presidente José Jerí impulsa la creación de la Sunir como eje de su reforma de seguridad ciudadana. Pero para los nueve sindicatos penitenciarios, la propuesta se basa en información incompleta y una lectura equivocada del verdadero problema.
Ángel Llancari, secretario general del SINTRAP-INPE, lo resume con contundencia: No es la institución el problema. Es la corrupción en los más altos cargos. El Gobierno está apuntando al lugar equivocado”.
Los trabajadores sostienen que eliminar el INPE no solucionará nada mientras los puestos de confianza sigan siendo designados políticamente y sin controles sólidos.
Llancari cuestionó que desde el Ejecutivo se difunda la idea de que la corrupción proviene de los trabajadores de base. Según el sindicato, el riesgo real está en: jefaturas de presupuesto, planificación, gerencia general, directores regionales, directores y subdirectores de penales y jefaturas de seguridad.
Todos cargos a dedo, donde —aseguran— no se aplica el polígrafo pese a que desde 2021 debía usarse justamente para controlar a estos funcionarios.“Si los directores no quieren combatir la corrupción, no lo harán. Y esa termina siendo la política institucional”, afirmó Llancari.
La crisis estalló aún más cuando el actual presidente del INPE, Iván Emilio Paredes Yataco, fue denunciado por presuntamente solicitar US$ 80.000 para favorecer la liberación de un expolicía condenado por secuestro
