El Gobierno de José Jerí ratificó a Henry García Malpartida como titular de la Dirección de Seguridad Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a pesar de las denuncias presentadas por los expresidentes Pedro Castillo, Martín Vizcarra y Ollanta Humala, quienes cuestionan la presunta filtración de fotografías y videos tras las recientes requisas realizadas en el penal de Barbadillo.
La decisión fue oficializada el 11 de febrero, mediante la Resolución Presidencial N.º 084-2026-INPE/P, documento que confirma la continuidad del funcionario en un cargo considerado de confianza dentro de la institución penitenciaria. Según el texto, la ratificación fue respaldada por una opinión favorable del área de recursos humanos del INPE emitida el 10 de febrero, es decir, dos días después de las intervenciones realizadas en los ambientes donde permanecen recluidos los exmandatarios.
La resolución lleva la firma de Shadia Valdez Tejada, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, quien validó el acto administrativo que mantiene a García Malpartida al frente de la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país.
En paralelo, un informe del área de seguridad del penal de Barbadillo concluyó que tras la inspección a la celda del expresidente Ollanta Humala no se encontró ningún objeto ilícito ni artículos prohibidos.
El documento señala que durante la revisión se inspeccionaron elementos estructurales como puertas, barrotes de ventanas y candados. Asimismo, precisa que el domingo 8 de febrero, a las 8:10 a.m., se organizó un grupo de seguridad conformado por técnicos del denominado “grupo de seguridad 3”, quienes ejecutaron una revisión ordinaria en patios y ambientes de internos.
Denuncian difusión de imágenes
Las denuncias contra funcionarios del INPE se intensificaron luego de que el expresidente Pedro Castillo presentara una acusación directa contra Henry García Malpartida y la presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, Shadia Valdez, por la difusión de material audiovisual relacionado con la requisa a su celda.
Castillo argumentó que se vulneraron derechos constitucionales vinculados a la intimidad y protección de datos personales, señalando que el Estado no tendría respaldo legal para difundir imágenes de su ambiente privado de reclusión.
En el mismo sentido, el expresidente Martín Vizcarra denunció a García Malpartida y a quienes resulten responsables por presuntos delitos de abuso de autoridad y violación a la intimidad agravada, alegando que se realizaron dos requisas en menos de 24 horas, ambas sin hallar irregularidades.
De acuerdo con su denuncia, la primera intervención se ejecutó el sábado 7 de febrero entre las 6:00 y 7:00 p.m., concluyendo sin observaciones. Sin embargo, horas después, en la madrugada del domingo, funcionarios regresaron para una nueva inspección, pese a que ya se había realizado una revisión reciente.
