El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dejó sin efecto la resolución que dispuso el ingreso del expresidente Martín Vizcarra al penal de Barbadillo y anunció que cumplirá los cinco meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho. La institución informó que la Junta Técnica de Clasificación incurrió en irregularidades al asignar al exmandatario a Barbadillo, pese a que este centro no figura en la Directiva N.° 006-2023-INPE-DTP como establecimiento de destino.
Asimismo, en un comunicado, el INPE precisó que la presidenta Dina Boluarte no tiene injerencia en las decisiones sobre el caso de Vizcarra y subrayó que la medida responde estrictamente a los criterios técnicos y normativos.
La decisión se tomó luego de que se detectara que en la ficha de clasificación del exjefe de Estado se le otorgó un puntaje de 10, lo que corresponde a internos procesados que deben ser recluidos en Lurigancho. Por ello, el INPE ordenó conformar una nueva Junta Técnica de Clasificación para formalizar el traslado del exmandatario.
“La situación del interno no se encuentra comprendida dentro de las excepciones y disposiciones señaladas en la Directiva; observamos la existencia de un vacío legal respecto al EP destino del exmandatario, por lo que consideramos importante y a fin de preservar y garantizar la seguridad personal del interno, resultaría conveniente recluirlo en un establecimiento penitenciario que garantice su seguridad”, se lee en el document.
El expresidente afronta una prisión preventiva dictada el pasado 13 de agosto por el juez Jorge Chávez Tamariz, en el marco de las investigaciones de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, por el presunto delito de cohecho. Según el magistrado, Vizcarra no cuenta con arraigo laboral ni familiar y existe un riesgo de fuga.
De acuerdo con la tesis fiscal, el exmandatario habría recibido S/2.3 millones en sobornos de las empresas ICCGSA y Obrainsa a cambio de favorecerlas en licitaciones de obras. En esa línea, durante el juicio oral, el exgerente de Obrainsa, Elard Tejeda, confesó haber entregado S/1 millón a Vizcarra para asegurar la adjudicación del proyecto Lomas de Ilo.
Mientras tanto, el partido Perú Primero insiste en mantener a Vizcarra como su “primera opción” para las próximas elecciones, pese a la situación judicial que atraviesa su líder.
En consecuencia, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial una condena de 15 años de pena privativa de la libertad, así como 9 años de inhabilitación de la función pública.
