El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú, bajo la dirección de Javier Llaque, enfrenta un dilema significativo en el contexto de la crisis carcelaria en Ecuador. La reciente propuesta del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de deportar a reos extranjeros para mitigar el hacinamiento en las prisiones ha puesto en alerta a las autoridades peruanas. Llaque reveló que, de los 4500 reos extranjeros en Perú, 162 son ecuatorianos, incluyendo 15 miembros de la peligrosa banda ‘Los Tiguerones’.
Esta banda, surgida de ‘Los Choneros’, es conocida por actividades criminales como narcotráfico y sicariato. La situación se complica aún más considerando que solo hay alrededor de cien peruanos en cárceles ecuatorianas, lo que podría resultar en un intercambio recíproco de prisioneros si se concreta la propuesta de Noboa.
La presidenta peruana Dina Boluarte ha subrayado que cualquier deportación de reos peruanos deberá realizarse bajo un “debido proceso” para no comprometer la seguridad nacional. Boluarte también aseguró que las fronteras de Perú están protegidas, especialmente después de declarar el estado de emergencia en las regiones fronterizas.
La medida propuesta por Noboa ha generado preocupación entre varios líderes regionales en Perú. Tanto el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales del Perú (ANGR), Werner Salcedo, como los gobernadores de Piura y Tumbes, han expresado su rechazo y han pedido a Boluarte que dialoge con Noboa para evitar la implementación de esta medida.
Esta situación se enmarca en una semana de violencia extrema en Ecuador, con motines carcelarios y actos de terror en las calles, lo que ha llevado a Estados Unidos a planear visitas de altos funcionarios para colaborar en temas de inteligencia.
