La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó recientemente un informe final que recomienda la inhabilitación por 10 años del expresidente Martín Vizcarra y de cinco años para sus exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos. La medida está relacionada con la polémica disolución del Congreso en 2019, una acción que marcó un hito en la historia política del país. Sin embargo, esta decisión ha sido duramente criticada por sectores que la consideran una maniobra política, especialmente de cara a las elecciones generales de 2026.
“Acá lo que existe es un tema absolutamente político, cuya única voluntad es el tema de inhabilitar a Martín Vizcarra, nuevamente, porque lo ven como un adversario político sumamente fuerte para el próximo proceso electoral,” afirmó Alejandro Salas, abogado de Vizcarra, en una entrevista con Infobae Perú.
Un informe con tintes políticos
El informe, elaborado por el congresista fujimorista Héctor Ventura, recomienda sancionar a Vizcarra y a sus exministros por la interpretación del artículo 134 de la Constitución durante la crisis política de 2019. Esta norma habilita al presidente a disolver el Congreso si este le niega la confianza a dos Consejos de Ministros. Sin embargo, el cierre del Parlamento se basó en una “negación tácita” de la confianza, lo que en su momento fue avalado por el Tribunal Constitucional (TC).
Para el abogado Alejandro Salas, este proceso no busca justicia, sino “recortar los derechos ciudadanos” de Vizcarra, quien sigue siendo una figura política influyente. Según Salas, las fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso están utilizando el poder de los votos en la Subcomisión como una herramienta para anular a sus oponentes.
“No se rigen por lo que dicen las leyes. Hacen la parafernalia del derecho a la defensa, no interpretan el campo jurídico. Lo único que vale ahí es quienes levantan la mano y, si les alcanzan los votos, pueden dañar a cualquier ciudadano,” añadió Salas.
Denuncias selectivas y una justicia desigual
Uno de los puntos más controversiales señalados por Salas es la aparente selectividad con la que el Congreso trata las denuncias constitucionales. Mientras que las acusaciones contra aliados políticos de los congresistas permanecen archivadas, los casos contra figuras opositoras avanzan rápidamente.
“Las denuncias de quienes son aliados, que son amigos de este Congreso, están ahí encarpetadas. Entonces, no se trata y no se ve la justicia con una misma vara. La justicia tiene que ser ciega. Pero no, en el Congreso no hay justicia. En el Congreso es, quien es tu aliado político, lo proteges y quien es tu enemigo político, lo aniquilas,” señaló el abogado.
El cierre del Congreso: ¿Una acción justificada o un abuso de poder?
En septiembre de 2019, Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso tras considerar que este había negado tácitamente la cuestión de confianza. La medida generó un intenso debate jurídico y político. En ese momento, el Tribunal Constitucional respaldó la decisión de Vizcarra, argumentando que la interpretación de la negación tácita era válida para preservar el equilibrio de poderes.
Sin embargo, la actual composición del Tribunal Constitucional ha cambiado de criterio, señalando que la cuestión de confianza solo puede ser considerada válida si existe una negación explícita por parte del Congreso. Este cambio ha sido utilizado por algunos parlamentarios para deslegitimar la acción de Vizcarra y argumentar que su decisión fue inconstitucional.
En este contexto, el abogado de Vizcarra advierte que esta reinterpretación se está empleando de manera retroactiva, lo cual no solo afecta a su defendido, sino que también sienta un peligroso precedente para el sistema democrático.
“No puedes aplicar un criterio nuevo a un hecho pasado y usarlo como arma política para inhabilitar a alguien,” enfatizó Salas.
El impacto político de una posible inhabilitación
La eventual inhabilitación de Martín Vizcarra tendría importantes repercusiones en el panorama político del país. Vizcarra, quien ha mantenido una alta popularidad a pesar de las controversias, es percibido como un potencial contendiente en las elecciones de 2026.
De acuerdo con analistas, las acciones del Congreso buscan impedir que Vizcarra pueda postularse nuevamente, eliminándolo del escenario electoral. “Lo ven como un adversario político sumamente fuerte para el próximo proceso electoral,” advirtió Salas.
Por otro lado, figuras como Salvador del Solar y Vicente Zeballos, quienes ocuparon roles clave en el gobierno de Vizcarra, también podrían quedar fuera de la política durante los próximos años si la propuesta es aprobada en el pleno.
La incertidumbre sobre el futuro de Vizcarra
Aunque el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya ha sido aprobado, el pleno del Congreso aún debe debatir y votar la recomendación. En caso de ser ratificada, Vizcarra y sus exministros quedarían inhabilitados, una medida que podría ser impugnada ante instancias internacionales.
Mientras tanto, Vizcarra y su equipo legal continúan denunciando lo que consideran un abuso de poder por parte del Congreso. Según ellos, la finalidad última de estas acciones es evitar que el expresidente recupere el poder político y represente una amenaza para los grupos tradicionales que controlan el Parlamento.
“El Congreso tiene matices autoritarios y dictatoriales,” concluyó Salas, subrayando que el caso de Vizcarra refleja las falencias del sistema democrático peruano.
Un caso que marcará precedentes
El proceso contra Martín Vizcarra y sus exministros trasciende la figura del expresidente y plantea serias preguntas sobre el uso de las herramientas legales con fines políticos. En un país donde la polarización y la inestabilidad son constantes, este caso podría sentar un precedente sobre cómo se maneja la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En los próximos días, la decisión del Congreso determinará no solo el futuro de Vizcarra y su equipo, sino también el rumbo que tomará la democracia peruana en los años venideros.
