Un total de 226 defensores y defensoras indígenas se encuentran en situación de riesgo en la Amazonía peruana, principalmente en Ucayali, Huánuco y Loreto. Así lo revela el informe “Situación de los defensores indígenas en Ucayali 2024”, elaborado por la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), la Asociación ProPurús y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el cual fue difundido en exclusiva por el portal Convoca.pe.
El estudio pone en evidencia la creciente vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la expansión de actividades ilegales en sus territorios: tala indiscriminada, narcotráfico, tráfico de tierras y minería ilegal. Las amenazas no son nuevas, pero persisten y aumentan sin que el Estado pueda garantizar su protección efectiva.
Ucayali: epicentro de las amenazas
De los 226 casos documentados, 180 corresponden a la región Ucayali. Masisea (41 casos), Callería (35), Irazola (29) y Yurúa (14) figuran entre los distritos con mayor concentración de defensores amenazados. En estos territorios, las comunidades indígenas viven bajo constante acoso, siendo víctimas de amenazas de muerte, hostigamiento y vigilancia por parte de actores vinculados al narcotráfico y mafias madereras.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la comunidad nativa Flor de Ucayali, habitada por el pueblo Shipibo-Konibo, que desde el 2021 ha denunciado amenazas directas por parte de organizaciones vinculadas al cultivo de hoja de coca y tráfico de tierras. Otro caso clave es Alto Tamaya Saweto, donde cuatro líderes indígenas fueron asesinados en 2014 por denunciar la tala ilegal. A pesar de que hubo una sentencia condenatoria, la comunidad continúa bajo riesgo.
Protección ineficiente y sin seguimiento
Según el informe, entre 2020 y 2024, la Prefectura de Ucayali otorgó apenas 38 resoluciones de garantías personales, que beneficiaron a 105 personas. Sin embargo, el otorgamiento de estas garantías no garantiza su cumplimiento efectivo.
“Hay una norma, pero no una capacidad operativa del Estado para implementarla”, afirma Carla Limas, coordinadora del Observatorio de Deforestación y Delitos Ambientales de ProPurús. En declaraciones a Convoca, advierte que el Estado no hace seguimiento a las alertas tempranas ni responde de manera oportuna a las solicitudes de protección.
De hecho, en el año 2022 no se otorgó ninguna resolución. Recién en 2023 y 2024 se registró un aumento (10 y 18 resoluciones, respectivamente), aunque insuficiente frente al universo de amenazas.
Loreto y Huánuco: la violencia cruza fronteras
Además de Ucayali, el informe documenta 41 casos en Puerto Inca, provincia de Huánuco, y 5 en los distritos de Padre Márquez y Contamana, en Loreto. En estas zonas, los defensores enfrentan amenazas vinculadas al tráfico de madera y cultivos ilegales de coca. En Codo del Pozuzo y Tournavista, la minería ilegal ha generado nuevos focos de violencia.
El informe señala también que el pueblo Kakataibo, asentado entre Ucayali y Huánuco, ha sufrido el asesinato de al menos seis defensores entre 2020 y 2024. Esta comunidad enfrenta múltiples frentes: narcotráfico, tala ilegal y tráfico de tierras.
Mujeres defensoras: invisibles en las estadísticas
El informe también visibiliza una preocupante brecha de género. “Hemos identificado que hay muchas más mujeres que han solicitado garantías, pero no están registradas oficialmente como defensoras amenazadas”, señala Limas. Esta omisión institucional limita el acceso a medidas de protección.
Cuando un defensor varón es asesinado, son las esposas, hijas y madres quienes asumen la defensa del territorio y la supervivencia familiar, enfrentando amenazas con menor respaldo institucional.
Estado ausente y mecanismos sin impacto
Desde 2018, el Perú cuenta con un marco legal que reconoce a los defensores ambientales como una categoría protegida. En 2021 se creó el Mecanismo Intersectorial para su protección, a cargo del Ministerio de Justicia. Sin embargo, el estudio concluye que su implementación ha sido ineficaz, especialmente en zonas remotas.
“El mecanismo no vincula a todos los poderes del Estado y carece de presupuesto suficiente. La policía responde que no tiene logística para resguardar a los defensores”, explica Limas.
Estas deficiencias ya habían sido señaladas en 2020 por el exrelator especial de la ONU, Michael Forst, quien expresó su preocupación por la criminalización y ataques físicos contra defensores peruanos.
Dato:
El informe recoge casos emblemáticos como el de Santa Clara de Uchunya, donde la comunidad reclama 86 mil hectáreas ancestrales, hoy ocupadas en parte por empresas palmicultoras. Otro conflicto grave es el generado por la colonia menonita en Masisea, que ha deforestado grandes extensiones de bosque en solo cinco años. La carretera proyectada entre Nueva Italia, Sawawo y Breu representa otro foco de tensión, al abrir paso a la invasión de territorios indígenas por mafias ilegales.
