El debate sobre la atención de género en jóvenes ha alcanzado un nuevo punto álgido tras la publicación de un informe federal que cuestiona la evidencia científica detrás de los tratamientos hormonales y quirúrgicos en casos de disforia de género. Este documento, impulsado por la administración anterior, representa un cambio significativo en la postura oficial sobre esta materia, alejándose de las recomendaciones previas de agencias gubernamentales y asociaciones médicas especializadas.
Según la investigación publicada por The New York Times, el informe prioriza el papel de la psicoterapia, una intervención que ha generado controversia y que algunos defensores y médicos han equiparado con las llamadas terapias de conversión, prácticas ampliamente desacreditadas.
Más allá de la recomendación de la psicoterapia, el informe federal parece poner en tela de juicio la misma existencia de la identidad de género no alineada con el sexo asignado al nacer. Esta postura se inserta en un contexto global donde los derechos de las personas transgénero, y especialmente de los jóvenes, están siendo objeto de intenso debate y regulación, tanto en Estados Unidos como en otros países. Recordemos que diversos estados han impulsado legislaciones restrictivas sobre el acceso a la atención de género para menores.
El documento en cuestión surge a raíz de una orden ejecutiva firmada en enero por el entonces presidente Trump, denominada “Protegiendo a los Niños de la Mutilación Química y Quirúrgica”. Dicha orden otorgaba al Departamento de Salud y Servicios Humanos un plazo de 90 días para elaborar un informe sobre las mejores prácticas en el tratamiento de jóvenes con disconformidad de género. La orden dejaba entrever la clara predisposición de la administración hacia los tratamientos de transición de género en menores, catalogándolos como un “daño flagrante a los niños” y una “mancha en la historia de nuestra nación”.
El informe, extenso con sus 400 páginas, adopta un tono más sobrio, aunque llega a una conclusión similar: cuestiona la evidencia científica que respalda los tratamientos hormonales y quirúrgicos en menores. La falta de identificación de los autores del informe, a la espera de una revisión posterior a la publicación, supone una desviación notable de los estándares habituales en la elaboración de revisiones de evidencia médica. Esto ha generado suspicacias y críticas sobre la transparencia y la independencia del proceso.
La publicación de este informe ha reavivado la controversia sobre la atención de género en jóvenes, y es previsible que tenga importantes implicaciones en las políticas y prácticas médicas relacionadas con la disforia de género. La postura adoptada por el gobierno federal podría influir en la legislación estatal, en las decisiones de los profesionales de la salud y en el acceso a los tratamientos para las personas transgénero, especialmente para los menores. El debate continúa abierto, y las próximas semanas serán cruciales para determinar el impacto real de este informe.
