La catástrofe asola Myanmar. Un devastador terremoto ha dejado una huella de muerte y destrucción sin precedentes en el país, con un saldo que supera los 1,600 fallecidos y más de 3,000 heridos, marcando el peor sismo en más de un siglo. La tragedia se agudiza por el contexto de un conflicto civil en curso, que ya había dejado a millones de personas en una situación de extrema vulnerabilidad.
Según la investigación publicada por The New York Times, un nuevo temblor sacudió Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, cerca del epicentro del terremoto inicial, provocando el derrumbe de edificaciones previamente dañadas. La angustia crece ante la incertidumbre sobre el paradero de numerosos desaparecidos, cuyas posibilidades de supervivencia se reducen drásticamente al cumplirse el plazo crítico de 72 horas.
La situación se complica aún más por la persistencia de la campaña de bombardeos llevada a cabo por la junta militar gobernante, incluso en medio de la devastación natural. Este conflicto interno, que se ha prolongado por años, ha generado una crisis humanitaria de gran magnitud, con cerca de 20 millones de personas necesitando refugio y alimentos, una situación que se ha visto exacerbada por el reciente terremoto.
El sismo podría alterar el rumbo de la guerra civil, señalan expertos. El Arakan Army, un grupo rebelde con considerable influencia, ha logrado tomar control de extensas áreas del estado de Rakhine. Esta coyuntura podría ser aprovechada para expandir su dominio hacia el sur del país, desafiando aún más el poder de la junta militar.
Aunque la ayuda internacional está comenzando a llegar, persisten serias dudas sobre la forma en que el ejército de Myanmar gestionará la distribución de los recursos. La desconfianza se fundamenta en el historial de la junta militar, acusada en reiteradas ocasiones de utilizar la ayuda humanitaria como un arma política.
Como señala Scot Marciel, embajador de Estados Unidos en Myanmar entre 2016 y 2020, la junta militar tiene un “largo historial de usar la ayuda como un arma”, lo que genera preocupación sobre la imparcialidad y la eficiencia en la entrega de asistencia a quienes más la necesitan en estos momentos críticos.
