Un informe reciente de Human Rights Watch acusa a Israel de cometer crímenes de guerra y “limpieza étnica” en Gaza mediante una política de desplazamiento forzado de casi 2 millones de palestinos. Desde octubre de 2023, tras un ataque de grupos armados palestinos, las fuerzas israelíes han ordenado evacuaciones masivas en el enclave, destruyendo viviendas, hospitales y escuelas para crear “zonas de amortiguación” y “corredores de seguridad”.
El informe destaca que estas evacuaciones no permiten a los desplazados retornar, lo que, según Human Rights Watch, constituye una violación del derecho internacional. Testimonios de expertos aseguran que las áreas despejadas parecen destinadas a un desalojo permanente de la población palestina, profundizando el impacto de décadas de expulsión forzada en la región.
Nadia Hardman, investigadora de Human Rights Watch, explica que la naturaleza masiva y sistemática de estos desplazamientos apunta a un intento de despojo permanente. La organización advierte que estas políticas intensifican la precariedad humanitaria en Gaza, donde se teme que la falta de acceso a alimentos y ayuda pueda derivar en una crisis humanitaria sin precedentes.
