El problema no es solo la pérdida de locales o la falta de infraestructura, sino algo más profundo: la incapacidad de las instituciones para actuar con formalidad y compromiso. En Huánuco, la inercia burocrática y la ausencia de voluntad política han convertido lo que debería ser un proceso ordenado y transparente en una cadena de improvisaciones. Cuando las propias autoridades se resignan a “esperar lo que salga” de los juicios o a prolongar indefinidamente los conflictos legales, envían un mensaje claro: que la informalidad no solo se tolera, sino que se normaliza en la gestión pública.
De acuerdo con actores regionales, las gestiones para resolver disputas patrimoniales se iniciaron tarde y sin un interés real en alcanzar acuerdos definitivos. Esa falta de iniciativa demuestra que no existe una “camiseta institucional” que defienda con firmeza los intereses colectivos. La burocracia, en lugar de ser un soporte de orden, se vuelve un obstáculo que prolonga indefinidamente las soluciones, alimentando la percepción ciudadana de abandono y desinterés.
El mensaje que transmiten las autoridades es contradictorio. Mientras se exige a los transportistas dejar de operar en paraderos informales y se sanciona a comerciantes que ocupan espacios públicos sin autorización, desde las propias instituciones se convive con la informalidad legal y administrativa. No se cumplen plazos, no se cierran acuerdos y se permite que predomine la lógica del “ya veremos”. Esa doble moral erosiona la confianza ciudadana y refuerza la idea de que la ley es solo un trámite que puede posponerse o ignorarse.
Si la autoridad no muestra firmeza ni ejemplo, difícilmente la población asumirá compromisos de formalidad. Lo que debería ser una gestión responsable termina convertida en un laberinto de excusas, con proyectos detenidos y servicios públicos atrapados en litigios interminables.
La lección es clara: la formalidad no se predica, se ejerce. Mientras los gobernantes no demuestren con hechos que respetan la ley y priorizan acuerdos en beneficio colectivo, será imposible pedirle al ciudadano común que cumpla normas de tránsito, licencias de funcionamiento o tributos municipales. La burocracia no puede ser excusa permanente para la inacción; debe transformarse en una herramienta que respalde decisiones firmes y oportunas.
El desafío, entonces, es reconstruir una institucionalidad que sea coherente y confiable. Huánuco no necesita más discursos ni anuncios, sino autoridades que se pongan la camiseta, que asuman responsabilidades y que entiendan que dejar que los procesos “sigan solos” es condenar a la región a la informalidad perpetua.
