La reciente designación de Rosario Quico Palomino como fiscal superior especializada en derechos humanos ha generado malestar entre los familiares de las víctimas de las protestas sociales de 2022. Quico Palomino asume el cargo en reemplazo de Raquel Cárdenas Manrique, quien venía liderando las investigaciones sobre muertes ocurridas durante las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte.
Mariela Cayo, esposa de Manuel Quilla Ticona, asesinado en marzo de 2022, expresó su indignación por el cambio. “Se están burlando de nosotros. Esta fiscal no tiene experiencia en derechos humanos. Esto es una burla a nuestro dolor y a la lucha por justicia que llevamos por más de dos años”, declaró.
Cayo sostuvo que el nombramiento representa una maniobra para dilatar los procesos y proteger a los altos mandos responsables. “Cambian a los fiscales para obstruir la justicia. Quieren proteger a la presidenta y a los mandos policiales implicados”, afirmó.
Raquel Cárdenas, quien lideraba el equipo desde enero de 2024, había avanzado considerablemente en las investigaciones. “Ella hizo un buen trabajo. Debería quedarse”, añadió Cayo.
Por su parte, el Ministerio Público, a través del vocero Víctor Cubas Villanueva, indicó que el relevo responde a un proceso regular de la Junta Nacional de Justicia. “El cambio obedece al nombramiento de fiscales titulares especializados. El anterior coordinador era provisional”, explicó.
La designación fue oficializada mediante decreto publicado en El Peruano el 23 de abril, como parte de un proceso de selección de nuevos fiscales para Lima Centro.
