El incremento en el **comercio ilícito** se ha convertido en un desafío creciente para las empresas estadounidenses, impulsado, en gran medida, por la imposición de aranceles globales por la administración Trump. Esta situación ha generado incentivos para la evasión fiscal, colocando a las compañías en una posición vulnerable ante prácticas fraudulentas que socavan la competencia leal y desestabilizan el mercado. Recordemos que Estados Unidos ya había enfrentado desafíos similares en el pasado, como durante la era de la Ley Seca, donde el contrabando y la evasión de impuestos florecieron. La Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que las pérdidas globales por comercio ilícito ascienden a cientos de miles de millones de dólares anualmente, lo que subraya la magnitud del problema.
Según la investigación publicada por The New York Times, los aranceles implementados por el expresidente Trump han intensificado significativamente los intentos de elusión fiscal, dejando al gobierno estadounidense en una posición desventajosa para contrarrestar estas maniobras. Empresas estadounidenses manifiestan preocupación sobre la capacidad del gobierno para hacer frente a este aumento en el fraude comercial.
Compañías navieras, muchas de ellas con base en China, están contactando a empresas estadounidenses importadoras de diversos productos, desde indumentaria hasta autopartes y joyería, ofreciendo estrategias para evitar el pago de los aranceles. Estas propuestas, difundidas a través de correos electrónicos y plataformas como TikTok, prometen eliminar o reducir significativamente los impuestos a la importación, generando una nueva ola de actividades fraudulentas. Los métodos propuestos incluyen la alteración de información en los envíos y el transbordo, es decir, el traslado de mercancías a través de países con tasas arancelarias más bajas antes de llegar a Estados Unidos. Este tipo de tácticas ya habían sido previamente detectadas en el sector del acero y el aluminio, donde las empresas chinas buscaban esquivar los aranceles impuestos por Estados Unidos.
La administración Trump ya había anunciado su intención de intensificar la lucha contra el fraude comercial, buscando la colaboración de otros países en el cumplimiento de las normas comerciales. Sin embargo, muchas empresas estadounidenses consideran que la magnitud de la actividad ilícita supera con creces la capacidad de los gobiernos para controlarla. Esta situación genera pérdidas millonarias en ingresos arancelarios para el gobierno estadounidense y coloca en desventaja a las empresas honestas que cumplen con sus obligaciones fiscales. El gobierno de Biden también ha expresado su preocupación por el aumento del comercio ilícito y ha prometido trabajar con sus socios internacionales para abordar el problema.
La práctica de evadir aranceles no es nueva, y ha existido desde la época de la colonia estadounidense, cuando los colonos recurrían al contrabando para evitar los impuestos impuestos por la Corona Británica. Sin embargo, el aumento de los aranceles a niveles no vistos en un siglo ha provocado que el fraude aduanero alcance nuevas dimensiones. Los aranceles de tres dígitos impuestos a China en abril, antes de ser reducidos temporalmente, impactaron fuertemente a los importadores, generando una ola de fraude proveniente de China.
Expertos en la materia, como abogados especializados en aduanas, advierten sobre el incremento de consultas sobre prácticas para evitar aranceles, señalando que si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente se trate de un fraude. El gobierno estadounidense cobra aranceles basándose en el artículo, su valor en dólares declarado y su país de origen, y los esquemas de evasión se centran en modificar estos factores. Una táctica común es declarar un valor inferior al real para reducir el arancel a pagar, ya que se calcula como un porcentaje del precio de importación. Otra estrategia consiste en clasificar incorrectamente el artículo para que se le aplique una tarifa más baja.
También, algunas empresas chinas ofrecen un método llamado “entregado con derechos pagados” (DDP), en el cual la empresa china actúa como importador en Estados Unidos, reduciendo la responsabilidad legal de la empresa estadounidense en caso de fraude. Aunque este método puede disminuir la responsabilidad de la empresa estadounidense, no la exime por completo, especialmente si los términos comerciales son inalcanzables sin fraude aduanero. Ejecutivos del sector automotriz han expresado ante el Congreso la necesidad de intensificar la lucha contra el fraude comercial, señalando que las empresas que ofrecen estos esquemas operan con impunidad. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha declarado que está utilizando herramientas de aplicación de la ley, inteligencia y asociaciones para combatir la evasión de aranceles, imponiendo las sanciones más severas permitidas por la ley.
