La comunidad de Huánuco se encuentra indignada tras conocerse que el director de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Lorenzo Silva Céspedes, autorizó el vertido de desmonte de construcción en la faja marginal y el cauce del río Huallaga, específicamente en el Malecón Alomía Robles, a solo 150 metros del puente San Sebastián, en pleno centro de la ciudad.
Un camión descargó más de 30 toneladas de desmonte entre residuos sólidos, piedras y cemento en las riberas del río Huallaga. Según confirmó la Fiscalía de Prevención del Delito, Silva Céspedes permitió que el conductor del camión realizara la descarga sin restricciones, desestimando los riesgos ambientales y sociales que implica este tipo de acciones. El material arrojado no solo amenaza con represar el río Huallaga, sino también contamina las aguas que son utilizadas por comunidades de la zona norte del curso del río, quienes las emplean para consumo humano y riego de cultivos.
La Fiscalía ha iniciado investigaciones para determinar las responsabilidades de Lorenzo Silva y posibles colaboradores, incluyendo a organismos encargados de la regulación de aguas en la región. Se busca imponer sanciones ejemplares, como la destitución del cargo y penas de prisión, para evitar que hechos similares se repitan.
El vertido ilegal de residuos en zonas protegidas representa un delito ambiental que infringe gravemente las leyes peruanas. La descarga de materiales como concreto y desmonte altera el flujo del río, daña su biodiversidad y pone en riesgo a las comunidades que dependen de este recurso para consumo y riego.
En años anteriores, los alcaldes de Huánuco establecieron lugares específicos para la disposición de desmontes, como las carreteras hacia el aeropuerto o las laderas de Chile Pampa. Sin embargo, la actual administración, bajo la supervisión de Silva Céspedes, de manera preocupante parece haber relajado estas medidas. Cabe resaltar que durante su gestión en la Gerencia de Transportes cuando Jesús Giles fue alcalde, recibió muchas críticas debido al caos vehicular generado por la autorización indiscriminada de paraderos informales de colectiveros y licencias de trimóviles.
Silva Céspedes también enfrenta acusaciones por no contar con las autorizaciones necesarias de la Autoridad Local del Agua (ALA) Alto Huallaga, incumpliendo así las disposiciones legales para intervenciones en áreas ribereñas.
