Denuncias por tráfico de influencias, concusión y recorte de sueldos permanecen estancadas
El Congreso de la República sigue en el centro de la polémica tras conocerse que, de los 16 congresistas denunciados constitucionalmente por presuntos actos ilícitos en 2024, solo uno ha recibido una sanción efectiva. Según un informe de La República, el blindaje político y la lentitud en los procedimientos legislativos han permitido que la mayoría de los casos continúen sin resolverse.
El único caso con sanción
La única sanción emitida este año recayó sobre la excongresista de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay. Fue suspendida en marzo de 2024 tras ser denunciada por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores, práctica conocida como “mochasueldos”.
“La suspensión permitió que el Ministerio Público avanzara con las investigaciones, mientras que su lugar en el Congreso fue ocupado por su accesitaria, Magally Santisteban”, según detalla el informe. Este caso había sido inicialmente presentado en abril de 2023 y respaldado en noviembre por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Los casos estancados
El resto de los congresistas acusados enfrenta procesos que avanzan a paso lento o permanecen archivados. Entre los más destacados se encuentra el caso Los Niños, que involucra a los parlamentarios Jorge Flores, Darwin Espinoza, Elvis Vergara y Raúl Doroteo, todos denunciados por presunto tráfico de influencias en mayo de 2022.
“A pesar de que han transcurrido casi dos años desde su presentación, el caso sigue sin resolverse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC)”, indicó La República. Además, el Ministerio Público ha presentado nuevas denuncias constitucionales contra Flores y Doroteo por recorte de sueldos, mientras que Espinoza fue señalado por solicitar aportes voluntarios a sus trabajadores para financiar un movimiento político regional.
Escándalos por “mochasueldos”
La práctica del recorte de sueldos ha alcanzado a varios legisladores. Entre ellos, Marleny Portero (Acción Popular) y José Arriola (Podemos Perú) enfrentan denuncias por esta práctica. “La denuncia contra Arriola fue presentada en agosto y recién este mes fue admitida a trámite por la SAC”, subraya el informe.
Otro caso que evidencia la demora en los procedimientos es el de Heidy Juárez, también de Podemos Perú. La denuncia por presunta concusión presentada en marzo de 2023 solo comenzó a avanzar en noviembre, cuando la Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días a la subcomisión para elaborar un informe final.
Avances limitados en Alianza para el Progreso
Alianza para el Progreso (APP) también está involucrada en varios escándalos. Magaly Ruiz fue denunciada por presunta concusión en abril de 2023 y nuevamente en julio por tráfico de influencias, mientras que Rosio Torres enfrenta una investigación más avanzada. Este mes, la SAC celebró una audiencia sobre su caso, y el congresista delegado, Segundo Quiroz, está próximo a presentar un informe final.
Otras irregularidades
Las denuncias también incluyen casos de designaciones y contrataciones cuestionables. Patricia Chirinos enfrenta cargos por el caso Jaime Villanueva, y Rosselli Amuruz (Avanza País) fue señalada por presuntas contrataciones irregulares relacionadas con su pareja, el excongresista Paul García.
El Ministerio Público también ha interpuesto denuncias constitucionales contra David Jiménez (Fuerza Popular) y María Córdova Lobatón (Renovación Popular) por presunto peculado.
Solicitud de celeridad
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, envió el pasado 6 de diciembre un oficio al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, exigiendo “celeridad en 16 denuncias constitucionales pendientes”, entre las que figuran casos de corrupción y tráfico de influencias. Sin embargo, hasta el momento, los avances han sido limitados.
La falta de sanciones: un patrón en el Congreso
El blindaje político y la falta de celeridad en el tratamiento de denuncias contra congresistas reflejan un problema estructural en el Poder Legislativo. “Las demoras y el archivo de casos sin justificación socavan la confianza pública y refuerzan la percepción de impunidad en el Congreso”, advirtieron analistas.
Reflexión
La lentitud en las sanciones no solo afecta la credibilidad del Congreso, sino también la percepción ciudadana sobre la lucha contra la corrupción en el país. Mientras las denuncias se acumulan, los ciudadanos exigen un sistema más eficiente y transparente para procesar a los representantes que incumplen con sus deberes éticos y legales.
