La minería ilegal en el Perú ha alcanzado un punto crítico, con nefastas consecuencias no solo para el medio ambiente y la economía, sino también para la seguridad y la vida de los trabajadores del sector. El reciente asesinato de trece mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad, ha desatado una ola de indignación y llamados urgentes a la acción por parte de diversas organizaciones, incluyendo el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Según la investigación publicada por El Comercio, el IIMP ha alzado su voz para condenar enérgicamente este acto de barbarie y exigir al Estado medidas contundentes contra las mafias que operan en la minería ilegal, controlando territorios y sembrando el terror.
En un comunicado oficial, el IIMP expresó su profundo pesar por la pérdida de los trabajadores en Pataz, extendiendo sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas. El gremio minero enfatizó la necesidad de que las autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial actúen de manera coordinada y efectiva para garantizar la seguridad y el bienestar en las zonas mineras del país, señalando que las acciones hasta ahora implementadas, incluyendo el Estado de Emergencia y el despliegue policial, no han sido suficientes para frenar el avance de estos grupos ilegales.
La preocupación del IIMP se centra en el creciente dominio territorial que las mafias han logrado a través de la violencia, a pesar de la presencia del Estado. Esta situación pone en riesgo no solo a las empresas mineras formales y a sus trabajadores, sino también a la población civil, creando un clima de inseguridad y zozobra en las comunidades aledañas. Recordemos que La Libertad es una región clave para la producción de oro en el país, contribuyendo significativamente a las exportaciones nacionales, pero también un foco de tensión por la disputa de recursos.
El instituto también recordó otro incidente reciente en la misma provincia, donde la Policía Nacional se enfrentó a criminales que habían tomado rehenes de la minera Caravelí, dejando dos policías heridos. Este evento subraya la audacia y el nivel de violencia que estos grupos están dispuestos a emplear para mantener su control sobre la actividad minera ilegal, generando un grave problema de gobernabilidad en la zona. Cabe mencionar que la minería ilegal genera miles de millones de dólares al año, financiando actividades ilícitas como el narcotráfico y la trata de personas.
El IIMP detalló que las víctimas del caso de Pataz trabajaban en una operación artesanal con un contrato de explotación con la empresa minera Poderosa, en un esfuerzo por formalizar sus actividades. Este dato pone de manifiesto que incluso los procesos de formalización no garantizan la seguridad de los trabajadores, si no hay una presencia efectiva del Estado y una lucha frontal contra la minería ilegal. El proceso de formalización minera, aunque busca integrar a los pequeños mineros a la economía formal, enfrenta desafíos como la burocracia y la falta de apoyo técnico y financiero.
Finalmente, el IIMP hizo un llamado para que este crimen no quede impune y reafirmó la necesidad de un Estado fuerte que garantice un entorno seguro, respetuoso de los derechos humanos y que promueva el desarrollo sostenible de la minería en el país. La demanda de una mayor presencia estatal no solo se refiere a la seguridad, sino también a la fiscalización ambiental y al apoyo técnico para promover prácticas mineras responsables.
