Es preocupante que el Tribunal Constitucional haya aprobado que personas que fueron condenadas por delitos de terrorismo o apología pueden ser candidatos a cargos de elección popular.
La votación, que curiosamente fue por unanimidad, llama poderosamente la atención, ya que ratificaron que los exterroristas podrán participar en los comicios solo si estas han sido “rehabilitadas”.
Esto es sumamente preocupante, peor aún, cuando nos encontramos en una situación de convulsión social altamente grave, donde se ha demostrado que exterroristas están azuzando a la población para realizar actos de violencia.
Se ha comprobado que un pequeño grupo de protestantes posee armas de fuego, muchas hechizas, explosivos y otras armas caseras que pueden generar mucho daño, incluso la muerte. Es más, muchos policías han recibido heridas de bala por estas armas.
Por otro lado, también está verificado que la Policía ha cometido abusos y no ha cumplido con la normativa estipulada en su reglamento en casos de convulsión ciudadana. Asimismo, se confirmó que habían disparado directamente a la cabeza, pecho y estómago, cuando se supone que deben de disparar pero no a matar.
Son situaciones definitivamente muy complicadas. No obstante, es muy probable que para emitir un mejor juicio es menester estar en el lugar de los hechos, pero no es posible. Lo cierto es que debe primar el Estado de derecho y la paz social.
Todos tenemos el derecho a la protesta, pero pacífica, como ya lo hemos resaltado en varias oportunidades.
Sin embargo, si las movilizaciones quiebran el orden público, solo se genera el caos y no hay quién detenga eso, entramos en un tema altamente peligroso de convertirnos en zonas liberadas, donde prime la ley del más fuerte y las personas puedan matar y no pasa nada. Eso no se puede tolerar bajo ningún motivo. Las fuerzas del orden tienen y deben de recuperar el orden público.
Se conoce que una multitud de personas estarían viajando a la capital para la denominada “Toma de Lima”, la cual es financiada por alguien o algún grupo que debería de ser identificado.
Los revoltosos que atentan contra la propiedad privada y contra la vida de sus hermanos y los mismos policías, deben de ser identificados y arrestados de manera inmediata.
Las instituciones administradoras de justicia deben de tomar las acciones legales contra aquellos personajes que camufladamente le están haciendo daño al país.
