Procurador Regional ofrece detalles del desalojo en Huachog: Un proceso de casi una década
El desalojo de viviendas ilegales en los humedales del Totoral de Huachog ha sido un proceso que ha requerido años de esfuerzo legal y administrativo por parte del Gobierno Regional de Huánuco. En una reciente entrevista, el Procurador Regional, Juan Carlos Nolorve Ponce, ofreció detalles relevantes sobre el proceso y sus implicaciones.
Hasta la fecha, se han desalojado cerca de 200 familias, quedando aproximadamente entre 15 y 20 viviendas por desalojar. La magnitud del área afectada se divide en tres sectores. Según el Procurador, el proceso de desalojo ha sido largo, extendiéndose durante casi una década, entre 7 y 10 años. “La gran mayoría del extremo ya se ha recuperado”, resaltó el Procurador.
La dirección regional de agricultura del gobierno regional de Huánuco es la propietaria del terreno en cuestión. Tras un proceso judicial favorable al gobierno regional, se procedió al desalojo y, a su culminación, la tierra recuperada fue entregada formalmente a dicha dirección.
El desempeño de las fuerzas de seguridad ha sido fundamental en el proceso de desalojo. Las autoridades policiales han actuado de acuerdo con los procedimientos legales, garantizando la integridad de todos los involucrados.
Proceso de 7 años
Este proceso de desalojo, que comenzó hace aproximadamente 7 años, tuvo su ejecución en los últimos 2 a 3 años. Las viviendas desalojadas, algunas de ellas construidas de material noble, eran resultado de ocupaciones ilegales en terrenos que pertenecen a la dirección regional de agricultura. “El área recuperada ya ha sido entregada a la dirección regional de agricultura”, señaló Nolorve Ponce.
Sin embargo, en cuanto a los futuros planes para el espacio liberado, el Procurador sostuvo que esa responsabilidad recae sobre el gobierno regional. “Nosotros hacemos la defensa y los intereses del Estado. La tarea de hacer algo o no generar un proyecto es un tema de gobierno regional”, expresó.
Señaló que, como Procurador, su deber es defender los intereses del Estado. Ante las recientes ocupaciones ilegales, destacó la importancia de que el área recuperada esté ahora bajo la administración de la dirección regional de agricultura. Esto permite una gestión adecuada del terreno y previene futuras invasiones.
Denuncias similares
El Procurador no solo se refirió a este caso particular. Indicó que existen otros casos similares en proceso en la región de Huánuco, los cuales están en sus etapas iniciales y son supervisados estrechamente por su oficina. “Tenemos otros procesos también, pero recién en inicios. Deben haber unos tres”, indicó. Aunque aún no se puede hablar en detalle sobre estos casos, se espera que tomen relevancia en el futuro.
Finalmente, al ser cuestionado sobre denuncias de corrupción relacionadas con el desalojo, Nolorve Ponce fue enfático al negar tal situación y subrayó que cualquier acusación de esta índole deberá ser probada conforme a la ley. A su vez, envió un mensaje claro a quienes buscan ocupar tierras ilegalmente, señalando que el gobierno regional está comprometido en proteger el patrimonio estatal y que no se permitirá la invasión de terrenos bajo su administración.
Finalmente, al ser consultado sobre denuncias contra la autoridad regional, el Procurador remarcó que las consultas sobre denuncias de corrupción deben dirigirse al encargado de la propiedad de corrupción y a la fiscalía correspondiente.
