El 2024 fue un año crítico para la democracia y el Estado de derecho en Perú, según el reciente informe de Human Rights Watch (HRW). En su capítulo dedicado al país, HRW destacó que “el Congreso del Perú aprobó leyes y adoptó decisiones que socavaron la independencia judicial, debilitaron las instituciones democráticas y obstaculizaron las investigaciones sobre crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos”.
El documento también subraya la inacción de la presidenta Dina Boluarte frente a estas medidas. “La presidenta hizo poco o nada por detener los ataques del Congreso a la democracia y el Estado de derecho”, señala el informe, añadiendo que el Ejecutivo implementó políticas que contribuyeron a la erosión de las normas democráticas, como la represión de protestas y el creciente desprecio por la independencia judicial.
Corrupción: cinco expresidentes bajo la lupa
En el tema de la corrupción, HRW destaca que cinco expresidentes del Perú han sido acusados por delitos relacionados. Entre ellos, se menciona al exmandatario Alejandro Toledo, quien fue condenado en primera instancia a 20 años de prisión por lavado de activos y colusión, vinculado al caso Lava Jato y los sobornos para la concesión de la carretera Interoceánica.
Asimismo, están bajo investigación otros expresidentes como:
- Pedro Pablo Kuczynski
- Martín Vizcarra
- Ollanta Humala
- Pedro Castillo
La presidenta Dina Boluarte también enfrenta investigaciones por presuntos aportes ilegales durante su campaña política, además de denuncias por haber recibido joyas y relojes Rolex del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Por otro lado, el informe menciona que 67 de los 130 congresistas estaban siendo investigados penalmente por corrupción y otros delitos al cierre de mayo del 2024, según información del Ministerio Público.
Legislación en favor de la impunidad
El Congreso peruano aprobó varias leyes que, según HRW, han debilitado la lucha contra la corrupción. Por ejemplo:
- Modificación de la Ley de Colaboración Eficaz: Aprobada en diciembre de 2023, esta ley reduce drásticamente el plazo para que los fiscales corroboren las declaraciones de colaboradores eficaces, dificultando el uso de esta herramienta en investigaciones penales.
- Restricción de la definición de “crimen organizado”: En julio de 2024, el Congreso aprobó un proyecto de ley que limita esta categoría penal, afectando investigaciones relacionadas con corrupción y extorsión. Aunque en octubre se reintrodujeron algunos delitos como extorsión, la exclusión de varios crímenes de corrupción persiste.
“Boluarte no vetó estos proyectos, permitiendo que se sancionen como leyes”, resalta el informe, señalando la pasividad del Ejecutivo frente a las acciones del Legislativo.
Ataques al sistema de justicia
Otro punto alarmante fue el debilitamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo encargado de nombrar y destituir a jueces, fiscales y autoridades electorales. Durante el 2024, el Congreso destituyó arbitrariamente a dos de sus miembros, Aldo Vásquez e Inés Tello, quienes investigaban a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Aunque ambos fueron restituidos por fallo judicial, los ataques a la JNJ continuaron.
En junio, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó una propuesta para eliminar la JNJ y que las autoridades electorales fueran designadas directamente por el Parlamento, aunque esta reforma no prosperó en el pleno. Finalmente, los nuevos integrantes de la JNJ fueron nombrados en enero del 2024 en un proceso cuestionado, que una misión internacional calificó de no cumplir con “estándares internacionales de transparencia, criterio técnico y participación ciudadana”.
Leyes que favorecen la impunidad
Entre las normativas más criticadas, HRW menciona la ley que faculta a la Policía Nacional a investigar sin la presencia de fiscales, promulgada en octubre del 2024 pese a las advertencias de fiscales y abogados sobre su impacto negativo en la eficacia de las investigaciones penales.
Otro aspecto relevante es la aprobación de una ley que establece la prescripción de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos antes de 2003, lo que contradice una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Según HRW, esta medida pone en riesgo al menos 600 casos relacionados con violaciones a derechos humanos atribuidos a las fuerzas de seguridad y al grupo terrorista Sendero Luminoso.
Inseguridad ciudadana y falta de medidas eficaces
HRW señala que la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los peruanos. Durante el 2024, el número de homicidios y extorsiones se multiplicó, y las medidas adoptadas por el gobierno, como los estados de emergencia, resultaron ineficaces.
Además, la presidenta Boluarte atribuyó el incremento de la delincuencia a los migrantes venezolanos, una afirmación que HRW critica por no estar sustentada en evidencia.
En noviembre del 2024, el Congreso aprobó una ley que reduce la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años para delitos graves como homicidio agravado y extorsión, una medida que, según expertos en seguridad, no aborda las raíces del problema.
Reflexiones finales
El informe de HRW sobre Perú deja en evidencia un retroceso significativo en términos de democracia, derechos humanos y lucha contra la corrupción. Las acciones del Congreso, sumadas a la pasividad del Ejecutivo, han contribuido a “la erosión del Estado de derecho y el debilitamiento de las instituciones democráticas”, señala el documento.
Para revertir esta situación, HRW insta a las autoridades peruanas a priorizar el respeto por los derechos humanos, fortalecer las instituciones y garantizar investigaciones transparentes e imparciales en todos los niveles del gobierno.
