Las ciudades de Huánuco y Amarilis comparten una herencia que pesa: la ausencia de mercados modernos, funcionales y legalmente establecidos. Esta situación no solo retrasa el desarrollo urbano, sino que también deteriora la calidad de vida de miles de vecinos que, día a día, deben abastecerse en espacios improvisados, inseguros y carentes de orden.
En el caso de Huánuco, la disputa por el control del mercado central lleva años sin solución. Las autoridades municipales, lideradas por el actual alcalde Antonio Jara, insisten en recuperar la propiedad del terreno como un acto de justicia urbana. Sin embargo, esta recuperación choca con múltiples trabas legales y administrativas. Buena parte del problema radica en la ocupación informal del espacio, donde miles de comerciantes —algunos legales, muchos no— han invadido áreas públicas, impidiendo cualquier esfuerzo de reorganización. A esto se suma una falta de voluntad institucional para aplicar la ley con firmeza, así como la inacción de sectores claves del aparato judicial.
El alcalde ha señalado abiertamente que la Corte Superior de Justicia se ha convertido en un obstáculo más que en un aliado. Su propuesta de reforma judicial busca asegurar la presencia de jueces probos, capaces de fallar no solo en función de la ley, sino del interés colectivo. Pero mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando una solución que no llega.
En Amarilis, el panorama es diferente pero igual de estancado. Aunque no existen problemas legales sobre la propiedad del terreno destinado al mercado, la construcción no ha avanzado por cuestiones técnicas y, sobre todo, por la desunión de los propios actores locales. Desde la gestión del exalcalde Antonio Pulgar, la obra quedó trabada por una serie de tecnicismos legales. Hoy, aunque se cuenta con un expediente técnico aprobado, comerciantes y vecinos se oponen al modelo propuesto, exigiendo modificaciones que no siempre son viables o legales.
La falta de unidad entre autoridades y población ha generado un ambiente de confrontación que impide cualquier avance. Mientras tanto, los vecinos siguen sin un mercado digno, organizado y seguro donde puedan abastecerse diariamente.
Desde Ahora hacemos un llamado urgente a todas las partes involucradas: autoridades, comerciantes, vecinos y sistema judicial. El desarrollo urbano no puede seguir detenido por intereses personales o por la falta de diálogo. Urge una mesa técnica, transparente y abierta, donde prime el bien común. El mercado no debe ser una promesa incumplida, sino una realidad concreta para todos.
