El segundo día del paro nacional convocado por los trabajadores administrativos del Ministerio Público se desarrolló este miércoles en Huánuco, bajo el liderazgo del secretario general del sindicato provincial, Carlos Benancio Nieto, quien reiteró que la principal demanda del gremio es el pase del régimen CAS al régimen laboral 728. Según el dirigente, más del 50% del personal participó en la medida de fuerza durante las últimas 48 horas.
Benancio afirmó que esta movilización responde a “profundas desigualdades laborales” que —según señaló— afectan a miles de trabajadores CAS en todo el país. En declaraciones a El Diario Ahora, indicó que los servidores bajo este régimen “no cuentan con CTS, gratificaciones, bonos, escolaridad ni niveles salariales equivalentes”, pese a que —según dijo— realizan las mismas funciones que el personal nombrado.
De acuerdo con el dirigente, los sueldos de los CAS indeterminados “oscilan entre S/ 1300 y S/ 3500”, mientras que un trabajador 728, como un asistente de función fiscal, “supera los S/ 5000”. Todas estas aseveraciones corresponden únicamente a lo expresado por el representante sindical durante la manifestación.
Falta de avances en el Congreso
Respecto al avance del proyecto de ley que busca la incorporación de los trabajadores CAS al régimen 728, Benancio sostuvo que hasta el momento “no existe una respuesta concreta” de parte de las autoridades nacionales. Indicó que la federación a la que pertenecen mantiene conversaciones con voceros del Congreso, pero aseguró que estas no han logrado que la propuesta sea incluida formalmente en la agenda del Pleno.
El secretario sindical afirmó que algunos congresistas habrían expresado su respaldo, mencionando como ejemplo al legislador Picón. Sin embargo, precisó que, según la percepción del gremio, en la etapa decisiva “ya no intervienen ni los congresistas ni los jefes de bancada”. Añadió que, desde su perspectiva, ciertos voceros de partidos políticos “priorizan leyes convenientes para sus propias agendas”, lo cual —según dijo— estaría dificultando la discusión de la propuesta que beneficiaría al personal del Ministerio Público.
Todas las declaraciones antes mencionadas corresponden exclusivamente a la versión del sindicato y no han sido corroboradas por las bancadas señaladas.
Archivamiento definitivo
El dirigente advirtió también que, de no ser debatido en las próximas semanas, el proyecto de ley podría quedar “archivado definitivamente” con la llegada del próximo gobierno, situación que —según manifestó— afectaría a miles de trabajadores que esperan el cambio de régimen desde hace varios años.
Benancio indicó que, tras culminar el paro preventivo de 48 horas, los secretarios generales de las bases nacionales evaluarán la continuidad de las acciones de protesta. Entre las posibles medidas mencionó una “huelga indefinida”, que sería considerada si no existe respuesta del Ejecutivo ni del Congreso.
Pese a la paralización, el propio representante sindical precisó que los servicios esenciales del Ministerio Público continúan operativos. Mencionó que mesas de partes, diligencias urgentes y fiscalías de turno “están atendiendo con normalidad”, y que en áreas pequeñas “si dos trabajadores acatan el paro, los otros dos continúan laborando”.
Regímenes 728, 276 y CAS
Durante la movilización, Benancio también se refirió a la coexistencia de diferentes regímenes laborales dentro del Ministerio Público. Señaló que, además del CAS (1057) y el 728, aún existe un reducido grupo de trabajadores bajo el régimen 276, que —según mencionó— corresponde a una modalidad antigua en proceso de retiro gradual.
El sindicato insiste en que la aprobación del proyecto de ley es una prioridad para los CAS indeterminados y transitorios con más de cuatro o cinco años de servicio. Benancio recalcó que la expectativa del gremio es que se establezcan directivas claras para priorizar a este segmento en caso de que el Congreso apruebe la propuesta.
