La reciente exoneración del IGV a los servicios eléctricos en Huánuco representa una medida que corrige una desigualdad histórica que afectaba a los ciudadanos amazónicos. Gracias a una iniciativa del Bloque Magisterial y la congresista Elizabeth Medina, se logró eliminar una carga tributaria injusta sobre un servicio básico como la electricidad.
Durante años, familias huanuqueñas asumieron un impuesto que no pagaban otros rubros menos esenciales, a pesar de vivir en una zona oficialmente reconocida como amazónica según la Ley N.º 27037. Esta distorsión, producto de requisitos imposibles de cumplir para empresas como Electrocentro —como tener sede principal o el 70 % de sus activos en la región—, trasladaba el costo del impuesto directamente a los usuarios. Hoy, esa barrera ha sido desmontada.
Los resultados ya se sienten: vecinos reportan reducciones en sus recibos de luz, en un contexto donde cada sol cuenta. Aunque no hay aún una evaluación técnica oficial del impacto, la percepción ciudadana confirma que esta medida mejora la capacidad de gasto de las familias más humildes.
Este beneficio no representa un gasto para el Estado. Al contrario, la norma sostiene que los recursos ahorrados se reinyectarán en la economía regional, fortaleciendo el consumo y favoreciendo la recaudación por otras vías tributarias, como el Impuesto a la Renta.
El alcance de la ley no se limita a la electricidad. Otras empresas estatales que provean agua, telecomunicaciones o gas también podrán acogerse al mismo trato si operan en la Amazonía. Si esto se implementa con rigor y transparencia, el efecto en el acceso a derechos básicos podría ser significativo.
No obstante, es imprescindible que las entidades reguladoras como Osinergmin y el MEF evalúen técnicamente el impacto real de la medida. La legislación debe venir acompañada de evidencia que permita ajustar y ampliar su aplicación según necesidad y sostenibilidad fiscal.
Más allá del mérito parlamentario, esta ley responde a una demanda ciudadana legítima: vivir sin pagar un sobrecosto por un servicio esencial. La energía no es un favor del Estado ni una victoria personal de un congresista. Es un derecho.
Huánuco ha dado un paso importante hacia la equidad tributaria. El reto ahora es consolidar ese avance, extenderlo a otros servicios esenciales y no perder de vista que el eje debe ser siempre la justicia para las regiones históricamente postergadas.
