La regidora provincial de Huánuco, Sherly Morales, responsabilizó públicamente al alcalde Antonio Jara por lo que considera una grave ausencia de transparencia, falta de liderazgo y presuntas irregularidades en el manejo de la recaudación municipal. Según Morales, el burgomaestre no ha cumplido con presentar ninguna rendición de cuentas durante los tres años de gestión, pese a que la Ley Orgánica de Municipalidades – Artículo 20 exige informes mensuales al Concejo Provincial.
Morales declaró que, durante todo este periodo, el Concejo no ha recibido información documentada sobre ingresos provenientes de Ferias Sabatinas, mercados, papeletas, licencias, transporte y otras fuentes municipales. La regidora sostuvo que esta situación genera una “opacidad total” y posible responsabilidad administrativa por parte del alcalde, aunque precisó que su apreciación se basa “en lo que manda la ley”, y que serán las instancias fiscales quienes determinen eventuales responsabilidades penales.
Presunta manipulación en convocatorias
Según Morales, el alcalde habría incurrido también en prácticas que —a su juicio— limitarían la fiscalización del Concejo Municipal. La regidora denunció que se estarían realizando convocatorias a sesiones extraordinarias sin respetar los plazos legales, con avisos enviados por WhatsApp en horarios inusuales y con escasa anticipación. Afirmó que uno de estos llamados se le comunicó “un domingo a las siete de la noche”, cuando la sesión estaba programada para el día siguiente.
Falta de control en recaudación
Morales aseguró que la reciente intervención a trabajadoras de la Gerencia de Rentas —investigadas por presuntamente sustraer dinero y no registrarlo en la recaudación oficial— es consecuencia directa de la falta de control del alcalde y de las áreas responsables. Según indicó, esta situación se suma a otro presunto caso de desfalco ocurrido meses atrás en el Mercado de Puelles, donde el entonces administrador fue separado tras detectarse manejos irregulares, hecho que la regidora recordó como antecedente.
La autoridad señaló que la Ley Orgánica de Municipalidades establece claramente que el alcalde debe supervisar el buen funcionamiento de la recaudación municipal y rendir informes periódicos al Concejo. “No lo digo yo, lo dice la ley”, reiteró Morales al remarcar que los actuales hechos son muestra de un incumplimiento sistemático de funciones.
A esto se añadiría —según su testimonio— una crisis interna por falta de gerentes en la municipalidad. Morales afirmó que no conoce al actual gerente de Obras porque el anterior renunció y no se habría designado un reemplazo. También sostuvo que varios gerentes no acuden a las sesiones de Concejo para informar sobre sus áreas, pese a las citaciones.
Contradicciones sobre PTAR y Grandes Ciudades
Otro punto crítico señalado por Morales fue la información proporcionada por el alcalde respecto al proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y el programa Grandes Ciudades. Según declaró, el alcalde habría afirmado públicamente que ambos proyectos “se habían caído”, pero Morales sostuvo que esta versión no coincide con la información proporcionada por la empresa consultora UG21, encargada del perfil para Grandes Ciudades.
La regidora afirmó haber conversado con la coordinadora de UG21, quien —según su testimonio— explicó que el proyecto de Grandes Ciudades sigue en marcha y que ya se presentaron tres entregables al Ministerio de Vivienda. Indicó que lo que sí está detenido es el componente PTAR, pero aclaró que ambos procesos tienen contratos distintos e independientes.
Morales advirtió que estas contradicciones podrían significar que la población “está siendo desinformada” y remarcó que la viabilidad del proyecto PTAR requiere la participación articulada de todas las autoridades de la provincia y distritos involucrados. Según afirmó, actualmente no existe liderazgo municipal para convocar a los alcaldes distritales, ni al gobernador regional, pese a que se trata de un proyecto “fundamental para la salud y la vida” de más de 200 mil habitantes.
