La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Huánuco intervino recientemente las instalaciones del Gobierno Regional, como parte de una indagación preliminar por presuntas irregularidades detectadas en el proceso de licitación relacionado con la supervisión del proyecto Alameda de la República.
La información fue confirmada por la procuradora Kruskaya Beraún, quien detalló que la intervención fue solicitada por su despacho y ejecutada por la Policía Anticorrupción. Según declaró, la medida se realizó luego de la firma de actas correspondientes y tuvo como objetivo recolectar documentación clave sobre el proceso administrativo mencionado. El caso ya fue derivado al cuarto despacho de la Fiscalía Anticorrupción, que actualmente tiene a su cargo las diligencias.
Beraún indicó además que, al momento de la intervención, no se contaba aún con el dictamen del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), pero que dicha información ya ha sido requerida formalmente. También se ha solicitado acceso a informes de la Contraloría General de la República que, según señaló, estarían vinculados al caso.
OSCE dio la alarma
De acuerdo con reportes periodísticos mencionados durante la entrevista, el OSCE habría emitido un pronunciamiento preliminar en el que se señala un posible direccionamiento en la licitación para la supervisión del proyecto Alameda de la República. Aunque Beraún no confirmó dicho contenido en detalle, indicó que cualquier documento oficial que sustente observaciones o hallazgos formará parte de los insumos de la investigación fiscal.
“Se ha solicitado ya a la Contraloría información que pudiera complementar lo que en su momento se requirió”, declaró. No obstante, la procuradora aclaró que, hasta la fecha, no se ha notificado formalmente el inicio de una investigación por parte de Contraloría, aunque su despacho tiene conocimiento de la existencia de informes relacionados con el caso.
Beraún también explicó que están a la espera de una notificación oficial desde la Fiscalía Anticorrupción respecto a los plazos procesales del caso Alameda. Señaló que su despacho continuará remitiendo todo tipo de documentación que pueda contribuir a esclarecer posibles responsabilidades.
Más de 2.700 casos de corrupción
En otro momento, Kruskaya Beraún informó que el despacho que encabeza mantiene actualmente alrededor de 2.700 casos relacionados con delitos de corrupción en la región Huánuco. Esta cifra, según precisó, incluye procesos en diversas etapas: desde la investigación preliminar hasta la ejecución de sentencias, además de expedientes aún regidos por el antiguo código penal.
La funcionaria atribuyó la demora en la resolución de muchos de estos casos a factores estructurales del sistema judicial. Entre ellos, mencionó la sobrecarga de trabajo en el Ministerio Público, la escasez de peritos especializados y el déficit de personal técnico, lo que —según su explicación— afecta directamente la agilidad de las investigaciones.
“La Autoridad de Control está haciendo seguimiento para superar los retrasos que se puedan presentar en algunas investigaciones”, indicó. Pese a estas limitaciones, también destacó que su oficina ha logrado impulsar sentencias en varios casos recientes. Sin embargo, remarcó que el flujo constante de nuevas denuncias mantiene alta la carga procesal y dificulta un avance más sostenido.
El dato
Consultada sobre la naturaleza del caso Alameda de la República, la procuradora no brindó detalles técnicos sobre la obra ni sobre el presunto direccionamiento, pero reiteró que se buscará consolidar un expediente robusto con base en documentos provenientes tanto del OSCE como de la Contraloría. “Todo lo que aporte a la investigación será canalizado directamente al Ministerio Público”, aseguró.
