La familia Ramírez denunció públicamente la presunta venta irregular de un predio de 125 metros cuadrados ubicado en la plazuela Santo Domingo, en el centro de la ciudad. Según declaró John Charles Ramírez Ureta, el terreno estaría valorizado en aproximadamente un millón de soles, pero habría sido objeto de múltiples ventas por montos de S/ 12 mil y S/ 20 mil, cifras que considera “miserables” en relación con el valor real del inmueble.
De acuerdo con su testimonio, la primera venta fue realizada por su tío José Ramírez Céspedes, quien habría adquirido el predio de su propia madre cuando ella se encontraba “postrada en cama”, padeciendo “cáncer terminal” y “fuera de sus cabales”, según indicó. Ramírez asegura que esta operación se concretó en 2021, cuando la propietaria ya no podía firmar ni colocar huellas dactilares.
El denunciante sostiene que su abuela vivió más de 60 años en la vivienda y que el predio forma parte de una sucesión legítima. Sin embargo, afirma que él y su familia fueron denunciados como “ocupantes precarios”, lo cual rechaza de manera categórica.
Cuatro cambios de propietario en dos años
Según lo declarado por John Charles Ramírez, tras la primera venta se habrían producido tres operaciones adicionales, todas en periodos muy cortos. Asegura que el predio pasó al nombre de Doris Leticia Merino Celada, quien luego lo habría revendido al hijo del primer comprador, José Luis Ramírez Valdán, por S/ 20 mil. Posteriormente, afirma que el inmueble fue transferido al señor Fredrick Anderson Quiñones González, actual denunciante contra la familia Ramírez.
El denunciante sostuvo que ninguno de estos supuestos propietarios ha vivido en el inmueble ni se ha presentado en la vivienda, excepto el primer comprador. Sin embargo, según explica, el último adquiriente ya habría cambiado los recibos de agua y luz a su nombre, pese a que el predio se encuentra en litigio.
Ramírez también aseguró que, tras las compras, los propietarios realizaron hipotecas por montos que alcanzan los US$ 95 mil, cifra muy superior al precio de compra. Considera que estas operaciones son un indicio de actividades irregulares y anunció que presentará una denuncia por presunto lavado de activos.
Durante la entrevista, otros miembros de la familia señalaron que las autoridades no habrían actuado pese a sus denuncias por usurpación interpuestas desde 2023, las cuales —según dijeron— habrían sido “archivadas” en más de una ocasión.
Denuncian inacción de autoridades
En la transmisión, otro de los familiares afirmó haber vivido “47 años” en el predio y sostuvo que la propietaria original era “iletrada” y no podía firmar documentos, lo que consideró un agravante en la supuesta estafa. Según su versión, el caso habría sido archivado en dos ocasiones por el Ministerio Público, lo que atribuyó a falta de investigación o desinterés de las autoridades.
Además, la familia indicó que este hecho no sería aislado, pues denunció que en otro predio ubicado en el jirón 28 de julio se habrían realizado operaciones similares, también por montos bajos y posteriores hipotecas elevadas. De acuerdo con los denunciantes, estos patrones evidenciarían una conducta sistemática de presunto aprovechamiento y fraude.
Los Ramírez solicitaron públicamente la intervención de la Fiscalía, del Poder Judicial, de la SUNAT y de empresas de servicios como Seda Huánuco y Electrocentro, a quienes acusan de permitir cambios de titularidad pese a que el predio está en disputa. También pidieron que se investiguen las fuentes de financiamiento de los compradores.
Finalmente, la familia anunció que continuará tomando acciones legales y que presentará recursos para anular las ventas realizadas, señalando que son víctimas de un “acto contra la fe” y que buscan impedir un posible desalojo del predio donde han residido “toda la vida”.
