En Huánuco, a 22 años de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), las víctimas del conflicto armado interno siguen reclamando atención integral y justicia.
Según declaró la coordinadora del colectivo impulsor de la CVR en la región, Delia Andrade Cueva, de las casi tres mil familias registradas, apenas 66 restos humanos han sido entregados a sus deudos.
El bajo avance en las restituciones, junto con la falta de presupuesto y el incumplimiento de ordenanzas municipales, son percibidos por los afectados como señales de abandono por parte de las autoridades.
Huánuco cuenta con 2 829 familias afectadas y más de 22 800 restos humanos identificados en registros oficiales. Sin embargo, hasta la fecha solo se han devuelto 66 restos a sus familiares, lo que constituye, en su opinión, un balance alarmante tras más de dos décadas de haberse emitido las recomendaciones de la CVR.
La vocera indicó que esta situación refleja una brecha entre las promesas institucionales y la realidad de los sobrevivientes. “Se avanza en lo normativo, pero no en la práctica, y muchas mujeres que fueron víctimas ya están muriendo sin recibir ninguna reparación integral”, sostuvo.
La coordinadora también criticó la dinámica de los cambios de funcionarios, que —según explicó— obligan a reiniciar permanentemente la sensibilización sobre el tema. Andrade relató que cada cuatro años, con la rotación de autoridades, los nuevos gerentes desconocen los compromisos previos y se ven obligados a comenzar de cero. Para las familias afectadas, esto significa repetir un proceso desgastante y enfrentar una postergación constante.
Ordenanzas sin aplicación
En materia presupuestaria, la dirigente precisó que el Gobierno Regional de Huánuco solicitó este año apenas 10 mil soles, monto que calificó de simbólico y que fue destinado a cubrir actividades protocolares conmemorativas.
La Municipalidad Provincial de Huánuco, según Andrade, no cuenta con recursos asignados para la atención a víctimas, lo que limita su participación a acompañar ceremonias oficiales y no a implementar políticas efectivas. “No basta con emitir ordenanzas, se necesita que esas normas se conviertan en presupuestos reales para atender a ancianos, desplazados y familias sin recursos”, declaró.
El colectivo cuestionó que, pese a que existe una ordenanza municipal en favor de las víctimas, esta se ha convertido en un documento inactivo. Andrade remarcó que tanto el gobernador regional como el alcalde provincial deberían gestionar fondos específicos, ya que —según dijo— cuando se solicita formalmente, los recursos pueden ser asignados.
Sin embargo, la ausencia de iniciativas concretas ha generado una percepción de indiferencia entre los deudos, que ven cómo las ceremonias simbólicas sustituyen la atención real a sus necesidades.
