La región de Huánuco atraviesa un momento crítico. La delincuencia, que ya golpeó con fuerza a otras zonas del país, ha encontrado aquí un terreno fértil para expandirse, sembrando miedo entre los ciudadanos y poniendo a prueba la capacidad de respuesta del Estado. No se trata de hechos aislados ni de simples robos circunstanciales: se percibe una organización delictiva que opera con absoluta impunidad, como si la ciudad estuviera abandonada a su suerte.
Lo preocupante es que este fenómeno, lejos de ser nuevo, sigue el mismo patrón observado en otras regiones. Donde el control policial es sobrepasado por la delincuencia (extorsionadores, asaltantes y traficantes) quienes imponen su ley. Las calles y los barrios huanuqueños, que alguna vez fueron espacios de convivencia pacífica y confianza, hoy sucede todo lo contrario, la población vive entre la desconfianza y el miedo, mientras los delincuentes y extorsionadores actúan con la frialdad de quien no teme a nada, ni siquiera a la justicia.
El deterioro institucional es visible. Desde la llegada de la presidenta Dina Boluarte, la autoridad del Estado se ha diluido en casi todas las zonas del país, y Huánuco no es la excepción. La falta de una política nacional coherente en materia de seguridad y justicia solo ha fortalecido a las mafias delincuenciales y la corrupción dentro del Estado. Dicho esto, los Comités de Seguridad Ciudadana solo son un saludo a la bandera y no cumplen con su función.
A esta debilidad estructural se suma una preocupante descomposición social: vecinos enfrentados, comunidades divididas y una creciente desconfianza entre los propios ciudadanos. La solidaridad, que debería ser el escudo frente a la delincuencia, se desvanece ante la desesperación por sobrevivir. Es un círculo vicioso que solo puede romperse con liderazgo, presencia estatal efectiva y una ciudadanía vigilante.
Huánuco no puede resignarse a vivir con miedo. La lucha contra la delincuencia no se gana solo con patrulleros o discursos, sino con una verdadera política de Estado que involucre a todos los niveles de gobierno y restablezca la confianza en la autoridad. Los huanuqueños merecen vivir en paz, caminar sin temor y proteger su trabajo y su propiedad.
La indiferencia oficial es hoy tan peligrosa como el delito mismo. Si las instituciones no reaccionan con firmeza, la violencia continuará avanzando hasta convertir la inseguridad en parte de la normalidad. Y eso, sin duda, sería el mayor fracaso del Estado peruano.
