El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) advirtió sobre un incremento alarmante de incendios en Huánuco. Según informó su director, Luigi Vidal, se pasó de registrar un incendio cada dos o tres días a un promedio de dos diarios.
El funcionario sostuvo que estos siniestros son provocados “al cien por ciento” por acción humana, principalmente debido a quemas agrícolas que los pobladores realizan bajo la creencia de que esta práctica mejora la calidad de la tierra.
De acuerdo con Vidal, la situación ha derivado en emergencias de salud y pérdidas materiales. Señaló que varias personas terminaron hospitalizadas por inhalación de humo y que, en el caso de Tomayquichua, las llamas llegaron hasta zonas urbanas, derritiendo techos de viviendas y afectando el patrimonio local.
El director del COER declaró que el aumento de los incendios ha superado la capacidad de respuesta de las instituciones. Relató que, en un siniestro ocurrido recientemente, no se consiguió un operador de cisterna, lo que demoró la atención. En ese contexto, el personal de su institución debió trasladar extintores cargándolos a pie por varios kilómetros, sin éxito frente a las ráfagas de viento que elevaban las llamas a más de dos metros.
Vidal calificó como “irresponsable” enviar brigadas a intentar sofocar los incendios en esas condiciones, dado el alto riesgo de que las personas resulten afectadas. Agregó que la labor del COER se ve limitada porque los bomberos permanecen en constante alerta, pero carecen de recursos para cubrir todas las emergencias en simultáneo.
Retrasan ayuda humanitaria
En cuanto a la asistencia a los damnificados, Vidal afirmó que el COER cuenta con bienes de ayuda humanitaria como frazadas, utensilios y alimentos, pero explicó que no pueden ser distribuidos sin la presentación formal de las fichas SINPAD y los oficios correspondientes de las municipalidades. “Los alcaldes deben cumplir con enviar la documentación para poder aprobar la entrega”, señaló el funcionario.
El director aseguró que, pese a los constantes llamados de la población, la entrega de insumos está supeditada a que las autoridades locales formalicen los registros. Reconoció que, en la práctica, no existe un censo oficial actualizado de afectados y que muchas veces solo se manejan referencias aproximadas.
En Tomayquichua, mencionó un estimado de entre 15 y 20 familias damnificadas, aunque recalcó que el número exacto debe consolidarse en el sistema.
