El Poder Judicial dictó 16 meses de prisión preventiva contra Noemí Orneta, conocida como “Mariela”, investigada por la presunta comisión del delito de trata de personas agravada. La medida fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Huánuco, que atribuye a la imputada la operación de un bar clandestino donde, según la investigación, se habría explotado sexual y laboralmente a menores de edad en el asentamiento humano Señor de Burgos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el caso es dirigido por la fiscal adjunta provincial Gina Vara Cajaleón, quien sustentó que la investigada captaba a adolescentes mediante un esquema descrito por la fiscalía como “marketing criminal”. Bajo supuestas ofertas de empleo para “atención al público”, la imputada habría persuadido a las víctimas aprovechando su situación económica, ofreciéndoles pasajes y alimentación para trasladarlas desde sus lugares de origen y mantenerlas bajo control.
Operativo e indicios hallados en el local
Según la tesis fiscal, una vez en el establecimiento, las menores eran sometidas a un sistema de explotación conocido como “fichaje”, en el que obtenían comisiones por consumo de bebidas alcohólicas y realizaban servicios de acompañamiento. Las diligencias incluyeron acciones de inteligencia de la Policía Nacional, con videovigilancia y peritajes tecnológicos, que habrían permitido identificar la forma de operación y el rol de la administradora.
El Ministerio Público informó que se detectó el uso de WhatsApp para promocionar a las víctimas ante clientes y la centralización de cobros mediante transferencias electrónicas a través del aplicativo Yape, modalidad que, según la investigación, facilitaba el movimiento de dinero y el control de los servicios.
Cierre municipal y continuidad del proceso
Durante el allanamiento ejecutado por la Fiscalía y la PNP, las autoridades reportaron el hallazgo de evidencias de la presunta actividad ilícita, material profiláctico y la presencia de una menor residiendo en el local, elementos que fueron incorporados a la carpeta fiscal. Tras estas diligencias, la Municipalidad de Pillco Marca dispuso la clausura definitiva del establecimiento y la incautación de bienes, con el objetivo de cortar cualquier continuidad de funcionamiento del recinto.
Con la prisión preventiva, Orneta permanecerá recluida mientras avanzan las investigaciones. La fiscalía precisó que, de confirmarse los hechos, el caso podría derivar en una condena de hasta 13 años de cárcel, de acuerdo con el marco penal aplicable.
En los alrededores, vecinos señalaron que el caso vuelve a poner en alerta a la comunidad sobre la captación de adolescentes con falsas promesas laborales. El Ministerio Público reafirmó su posición de perseguir este delito y advirtió que el uso de herramientas digitales no impedirá la intervención de la justicia.
