A pesar de haber completado el proceso técnico y jurídico necesario para su creación, el centro poblado de Huancachupa continúa sin reconocimiento oficial por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, según advirtió Geni Valentín, asesor legal de los centros poblados de la provincia.
El trámite, iniciado hace más de un año, estaría trabado por una interpretación restrictiva de la Ley N.° 32387, que establece una moratoria de cinco años para la creación de nuevos centros poblados, publicada el 16 de junio de 2025.
Valentín indicó que el expediente de Huancachupa se encontraba en la etapa final antes de la promulgación de dicha norma, por lo que —según sostuvo— la prohibición no debería aplicarse de forma retroactiva.
Añadió que la ley incluye una disposición que excluye de la moratoria a los procesos ya iniciados, y señaló que esa interpretación dependerá de la voluntad técnica y jurídica del municipio provincial. El funcionario también se refirió a un conflicto limítrofe menor con el centro poblado de Pitumama, aunque sostuvo que este ha sido resuelto por un informe del Gobierno Regional.
Foncomún en crisis
Durante la misma declaración, el asesor legal denunció que más del 40% de los centros poblados en la provincia no ha recibido las transferencias del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún) correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre. Incluso, aquellos que sí cumplieron con la rendición de cuentas hasta agosto, tampoco han recibido desembolsos.
Según Valentín, el alcalde provincial Antonio Jara habría argumentado que no existen recursos disponibles en caja para cubrir los pagos pendientes. Sin embargo, dijo haber recibido un ofrecimiento verbal del alcalde de autorizar la transferencia del mes de septiembre “en los próximos días”, sin acompañar esta promesa de un cronograma formal o acuerdo firmado.
Valentín expresó preocupación por la falta de transparencia y la dilación constante en las entregas. “Esperamos que el ofrecimiento se concrete, de lo contrario, los alcaldes de centros poblados tendrían que recurrir a otras medidas de presión legítimas para exigir lo que por ley les corresponde”, manifestó.
Proyectos detenidos
La falta de fondos ha generado la paralización de proyectos menores en zonas rurales, según advirtió el asesor. Mencionó que varios centros poblados compraron materiales con recursos previos, en función de una programación validada por la propia municipalidad provincial. Al no recibir las transferencias programadas, no pueden pagar mano de obra, lo que pone en riesgo la continuidad de las obras.
“Están en riesgo intervenciones como el mantenimiento de canales, limpieza de cementerios o reparación de calles. En algunos casos, los materiales pueden incluso malograrse por falta de uso”, afirmó Valentín. Añadió que todos los centros poblados cuentan con planes de trabajo aprobados, lo que evidencia que los compromisos financieros estaban programados de forma institucional.
En ese contexto, recordó que tanto la Ley Orgánica de Municipalidades como la Ley de Presupuesto 2025 obligan a los municipios provinciales a realizar estas transferencias, por lo que la falta de cumplimiento expone a la administración provincial a responsabilidades administrativas.
Demora legal, vacío político y comunidades en espera
Sobre el caso de Huancachupa, Valentín reiteró que la demora se debe a una interpretación legal ambigua y a la ausencia de decisiones políticas claras. Señaló que no existe hasta el momento una postura institucional firme de la municipalidad respecto a la aplicación de la ley 32387 en casos en trámite. Aunque evitó referirse directamente a intereses políticos, sí reconoció que la voluntad política influye en el avance o retraso de estos procesos.
“La población de Huancachupa tiene la expectativa legítima de constituirse como centro poblado. Han cumplido con los requisitos técnicos y han respondido a todas las observaciones. Lo que falta es decisión”, señaló. Indicó que, si no se toma acción a tiempo, esta comunidad —como muchas otras— seguirá esperando reconocimiento y recursos, mientras las normativas siguen siendo utilizadas como herramientas de exclusión territorial.
