- Aseguró que desocupación de la zona El Totoral fue ratificado por la Corte Suprema
Ni una mesa técnica, ni el gobernador regional, ni la Procuraduría, podrá evitar el desalojo de los 200 invasores de la zona El Totoral, en los Humedales de Huachog, ubicado en el centro poblado de Colpa Baja, ya que se trata de un caso judicial ganado.
Así indicó el abogado Wilker Mena Chávez, asesor legal de la Dirección Regional de Agricultura (DRA).
Explicó que el pedido de delimitación territorial que, el abogado defensor de los invasores ha solicitado al Segundo Juzgado Civil de Huánuco, solo retrasará el desalojo. Tampoco el pedido de donación de los terrenos interrumpirá el proceso judicial.
“Acá hay un proceso judicial ya ganado, que se está ejecutando, y el otro es un proceso administrativo (la delimitación) independiente y fuera de este contexto, más allá que estén pidiendo un sentido social, no tiene nada que ver con la ejecución de un mandato judicial”, indicó.
“Las sentencias son ejecutables, no hay ninguna autoridad que pueda variar e interpretar, o poner en cuestionamiento un mandato judicial, eso lo establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, aseveró.
Adelantó que la Procuraduría Regional, como demandante, es la encargada de solicitar fecha y hora del nuevo desalojo a la magistrada Juana Cercedo Falcón, quien es la encargada de ejecutar la sentencia.
Corte suprema
Aseveró que el caso fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia que ha ratificado que los 200 pobladores del supuesto pueblo joven “El Totoral” no son los propietarios de dicha área.
“La Procuraduría Pública demandó que ellos no son propietarios y salió una sentencia en primera instancia a su favor, por eso se determinó que deben ser desalojados, luego fue apelado y fue hasta la última instancia de la Corte Suprema, entonces ha regresado de forma favorable y se está ejecutando”, sostuvo el asesor.
El abogado mencionó que ya se ejecutó una primera diligencia de desalojo y se ha frustrado por el pedido de delimitación territorial, o sea hasta que parte se hará efectiva esta diligencia, sin embargo, “esto es un proceso administrativo y no legal”.
Con respecto a la suspensión del primer desalojo, Wilker Mena explicó que la jueza emitió la resolución n° 83, con fecha 19 de junio, donde solicita a los peritos Miguel Ángel Domínguez y Ramón Genaro Culqui, presenten el informe de la delimitación topográfica del terreno a desalojar.
Cuyo plazo de entrega de dicho informe técnico vence el 26 de junio. Posteriormente, el juzgado civil establecerá una nueva fecha para efectuar el desalojo.
Peritos llevaron wincha
“En la diligencia de desalojo, los peritos habían ido con una wincha para medir y un croquis del predio a desalojarse, sin utilizar ninguna de las tecnologías que ahora en el siglo XXI se cuenta, no sé qué clase de profesionales están trabajando”, comentó.
El asesor legal pidió a la población que acate el mandato judicial y que no se deje sorprender por otras opiniones, ya que el desalojo ya es un hecho invariable.
EL DATO
El abogado Wilker Mena pidió a los invasores que piensen en sus familias y no los expongan en el próximo desalojo que realizará el juzgado civil y la Policía Nacional. Espera que la diligencia se realice sin ningún conato de violencia.
