La inseguridad ciudadana vuelve a encender las alarmas en el sector transporte. Tras el asesinato de un conductor de la empresa Lipetsa (‘El Triángulo’), el Director de la Cámara Internacional de Transportes, Martín Ojeda, anunció que hoy, lunes 6 de octubre, los transportistas de Lima y Callao realizarán un paro general de 24 horas para exigir acciones inmediatas del Gobierno frente al avance del crimen organizado y las extorsiones.
“No haremos marchas ni bloqueos. Este será un paro en silencio. Apagaremos los motores por respeto a nuestro compañero asesinado. Estamos en guerra”, declaró Ojeda.
El dirigente aclaró que la medida no busca generar caos ni enfrentamientos, sino visibilizar la desesperación del gremio ante la falta de seguridad. “No saldremos a las calles, pero no trabajaremos. Queremos que la sociedad y las autoridades entiendan que ya no podemos más con esta violencia”, añadió.
El paro fue convocado luego de que un chofer de Lipetsa fuera asesinado la noche del sábado 4 de octubre en el límite entre San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. El crimen, atribuido a extorsionadores que exigen cupos a las empresas de transporte, desató indignación entre los conductores y empresarios del sector.
Ojeda expresó sus condolencias a la familia del trabajador y explicó que la decisión de paralizar responde a una necesidad de unidad y duelo colectivo. “Será un día de silencio, no de protesta política. Queremos honrar a nuestros muertos”, dijo.
El dirigente fue enfático al advertir que las paralizaciones se repetirán si la violencia continúa. “Si esto vuelve a pasar, volveremos a parar. Y si pasa otra vez, también. Es nuestra forma de decir basta”, sentenció.
Asimismo, pidió una respuesta coordinada de todos los poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo, Ministerio Público y Poder Judicial— para enfrentar al crimen organizado. “No es culpa de una sola entidad. La Policía tiene la capacidad, pero no los recursos. Faltan presupuesto, personal y coordinación”, agregó.
Ojeda también propuso que se legisle la “reserva del nombre”, una medida que permitiría a procuradores y denunciantes presentar casos sin revelar su identidad, protegiendo su seguridad frente a posibles represalias.
