El coronel Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú, ha solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerse de lo que él considera represalias por parte del Gobierno peruano. Colchado, quien ha encabezado investigaciones de alto perfil que involucran a funcionarios públicos y a la presidenta Dina Boluarte, asegura que sufre hostigamiento, amenazas de baja y otras formas de presión tras participar en operativos sensibles como el allanamiento a la residencia de Boluarte en el contexto del caso “Rolexgate”. Según un informe de Luis Paucar para Infobae.
Antecedentes: Acusaciones de represalia por investigaciones contra el Gobierno
Harvey Colchado ha sido una figura clave en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción en Perú. Desde su rol en la Diviac, ha participado en investigaciones que abarcan casos de gran relevancia, como Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto, así como procesos contra expresidentes, incluyendo a Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, tras la intervención en la vivienda de Dina Boluarte por el caso “Rolexgate”, el coronel fue retirado de la unidad y enfrenta ahora dos investigaciones administrativas en la Inspectoría de la Policía Nacional (PNP) por presuntas irregularidades. También ha sido objeto de un procedimiento disciplinario que podría llevar a su destitución.
De acuerdo con la solicitud presentada a la CIDH, Colchado afirma que él y su equipo, conformado por aproximadamente 800 agentes, están en riesgo de ser dados de baja como consecuencia de su participación en casos que exponen presuntas irregularidades y actos de corrupción en la cúpula del poder. El coronel asegura que esta situación es una represalia orquestada desde el Ejecutivo y ha solicitado medidas de protección que garanticen su seguridad personal y su derecho a continuar con su labor investigativa sin presiones indebidas.
¿Qué solicita Colchado a la CIDH?
La petición del coronel Colchado demanda que el Estado peruano implemente “medidas adecuadas para proteger los derechos a la vida, la integridad y el desarrollo personal” de los agentes de la Diviac implicados en las investigaciones, así como la suya. La solicitud subraya la existencia de un “acoso sistemático” desde el Ejecutivo hacia los miembros de la policía que, como Colchado, trabajan en casos de corrupción en los que están implicados altos funcionarios y políticos. Entre las medidas que la CIDH podría ordenar, aunque de manera no vinculante, se incluyen recomendaciones para que el Gobierno peruano garantice la seguridad de Colchado y le permita desempeñar su labor sin interferencias.
La CIDH deberá evaluar los requisitos formales de la solicitud y analizar la urgencia, gravedad e irreparabilidad del riesgo. Si estos criterios se cumplen, la Comisión podrá emitir medidas cautelares que, aunque no son de cumplimiento obligatorio, ejercen una presión moral y política significativa sobre los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Acoso y represalias en el ámbito laboral
Además del retiro de la Diviac, las autoridades reasignaron a Colchado a tareas menores, como custodiar un puente en San Isidro durante el paro de transportistas en octubre, una función que, según fuentes de Infobae Perú, buscaba desmotivarlo y apartarlo de investigaciones de alto perfil. La relevancia y el impacto de su trayectoria en la lucha contra el crimen organizado contrastan con estas asignaciones, que parecen responder a una intención de disminuir su influencia y limitar su participación en investigaciones cruciales para el país.
El coronel también denunció que enfrenta procedimientos disciplinarios debido al uso de una imagen alusiva al allanamiento de la casa de la presidenta Boluarte, lo cual fue considerado por sus superiores como una supuesta falta administrativa. Sin embargo, Colchado y sus defensores argumentan que estas acciones son parte de una campaña de hostigamiento promovida desde el Ejecutivo para intimidarlo a él y a otros agentes que investigan casos de corrupción.
Precedentes de la CIDH en casos de hostigamiento contra funcionarios públicos
La solicitud de Colchado a la CIDH no es la primera de este tipo en Perú. En 2021, la Comisión ya había emitido medidas cautelares en favor de Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y su familia, quienes enfrentaban campañas de desprestigio y amenazas. En aquella ocasión, la CIDH reconoció que Salas Arenas corría un riesgo grave debido a su visibilidad pública y solicitó al Estado peruano que garantizara su seguridad.
Este antecedente demuestra que la CIDH ha actuado anteriormente para proteger a funcionarios públicos peruanos que enfrentan hostigamiento o amenazas debido a sus funciones, un contexto similar al de Colchado. Sin embargo, el cumplimiento efectivo de estas recomendaciones depende en última instancia de la voluntad del Estado.
Impacto y posibles consecuencias de las medidas cautelares
Aunque las decisiones de la CIDH no son vinculantes, suelen generar presión internacional sobre los Estados, lo que lleva a muchos países a acatarlas para evitar cuestionamientos en foros internacionales. Si la CIDH otorga medidas cautelares a favor de Colchado, esto podría intensificar el escrutinio hacia el Gobierno peruano y la presidenta Boluarte, y exponer las acciones de represalia contra agentes de seguridad que investigan a altos funcionarios.
Diversas organizaciones de derechos humanos y civiles en Perú han manifestado su apoyo a Colchado y han condenado las acciones de hostigamiento que enfrenta. Estos grupos señalan que la situación del coronel refleja un clima de creciente tensión y falta de garantías para los operadores de justicia y los agentes policiales que asumen investigaciones sensibles en el país.
Críticas de la comunidad internacional y la presión sobre el Gobierno de Dina Boluarte
La solicitud de medidas cautelares por parte de Colchado y la eventual respuesta de la CIDH podrían atraer la atención de la comunidad internacional sobre la situación política y judicial en Perú. La Federación Internacional de Derechos Humanos y otras entidades podrían manifestar su preocupación si se evidencia que las investigaciones de corrupción están siendo obstaculizadas a través de presiones contra los agentes de la Diviac y otras unidades policiales.
Para el gobierno de Dina Boluarte, que ya enfrenta cuestionamientos por la falta de resultados en temas de seguridad y gobernabilidad, la posibilidad de que la CIDH otorgue medidas cautelares a Colchado podría resultar en una crisis de imagen. Este caso pondría en tela de juicio su compromiso con la independencia de las investigaciones policiales y judiciales, así como con los derechos humanos de aquellos que velan por la transparencia en la administración pública
