Una tensa escena se vivió el último fin de semana durante una intervención inopinada en el Hospital de Tingo María, cuando congresistas de la República intentaron ingresar al nosocomio para verificar denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas.
En imágenes difundidas por redes sociales, el director ejecutivo del hospital, M.C. Ricardo Díaz Bardales, fue captado impidiendo el ingreso del grupo parlamentario y enfrentándose verbalmente con los legisladores, lo que generó fuertes cuestionamientos por obstrucción a la labor fiscalizadora del Congreso.
La intervención fue encabezada por la congresista Elizabeth Medina Hermosilla, representante de Perú Libre, quien acudió acompañada por personal policial tras recibir múltiples denuncias sobre presuntos actos de corrupción, compras sobrevaloradas, adquisiciones irregulares y otras anomalías en la gestión del hospital.
Medina denunció públicamente que se le negó el ingreso a pesar de contar con facultades legales para realizar visitas inopinadas en ejercicio de sus funciones.
Según consta en el video registrado durante la visita, el director Ricardo Díaz se negó reiteradamente a permitir el acceso al hospital, exigiendo documentos y elevando la voz contra los parlamentarios. “No señor, no. Yo soy el director, y yo permito quién entra y quién no”, se le escucha decir al funcionario, mientras se colocaba en la puerta del hospital con actitud desafiante.
El incidente ha generado un amplio rechazo entre sectores políticos y ciudadanos que demandan transparencia en la administración de instituciones públicas. Diversas voces han señalado que la actuación del director podría configurar una falta grave por obstrucción a la función de control del Parlamento, además de levantar sospechas sobre lo que se intentaba evitar que se conozca.
“Una autoridad que no tiene nada que ocultar no actúa de esa manera”, expresó un representante de la sociedad civil, tras conocer los hechos. En tanto, se espera que el Congreso formalice un informe sobre lo ocurrido y se remita a la Contraloría General de la República para que se determinen responsabilidades administrativas y legales.
Según las declaraciones ofrecidas por la parlamentaria Medina, las denuncias contra el hospital no son nuevas y ya se arrastran desde gestiones anteriores. Entre los casos que se investigan figuran supuestas compras con sobrevaloración de precios, procesos de contratación sin sustento técnico y adquisición de insumos médicos sin la debida transparencia.
“Lo que hemos recibido son denuncias documentadas que merecen ser investigadas. Esto no es un show, es nuestra obligación como representantes fiscalizar los recursos públicos”, declaró la congresista a medios locales tras el impase.
El incidente ha puesto nuevamente bajo escrutinio el manejo de recursos en establecimientos de salud de la región, especialmente en contextos donde la ciudadanía exige mejores servicios y uso honesto del presupuesto público. “La salud no puede ser terreno de impunidad ni blindaje político”, advirtió la parlamentaria.
