Homicidios y reducción de delitos: La doble cara del estado de emergencia en Lima

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró recientemente que el estado de emergencia implementado en varios distritos de Lima y Callao está generando “resultados positivos” en la lucha contra la criminalidad. Según el informe de Carlos Espinoza para Infobae, Santiváñez destacó que los índices de delitos como el sicariato y el robo han mostrado reducciones en los distritos intervenidos, con cifras que oscilan entre un 9% y un 16%. Sin embargo, esta percepción de mejora contrasta con los alarmantes casos de homicidios que siguen ocurriendo en la capital.

Contrastes en las cifras y la realidad diaria

Durante su participación en las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024, el ministro subrayó que, a pesar de la alta demanda policial que implica el evento, no se ha descuidado la seguridad en otras zonas. “En Lima tenemos aproximadamente 30 mil efectivos policiales; de estos, 8 mil están destinados al APEC, 13 mil permanecen en los distritos bajo estado de emergencia y otros 5 mil se ocupan de las marchas y manifestaciones”, detalló.

No obstante, los resultados positivos mencionados por Santiváñez parecen estar lejos de calmar las preocupaciones de la ciudadanía. En las últimas 24 horas, Lima registró cuatro homicidios en distintos puntos de la ciudad, evidenciando la persistencia de la inseguridad.

Entre los casos más recientes se encuentra el asesinato de César Azabache Villavicencio, un hombre de 50 años que fue baleado en Los Olivos mientras intentaba resistir el robo de su celular. En el Callao, dos homicidios sacudieron la zona: un taxista fue asesinado dentro de su vehículo en un aparente intento de robo, y un cantante urbano conocido como “Yerzi” perdió la vida en un ataque armado. Además, en Santa Anita, un joven de 23 años fue abatido a tiros en la puerta de su casa por sujetos que lo persiguieron en motocicleta.

Una tendencia alarmante desde años anteriores

Los homicidios no son una novedad en el panorama nacional. Según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, el año 2023 cerró con 1.431 asesinatos, apenas una leve reducción frente a los 1.516 registrados en 2022. Desde 2017, cuando se reportaron 671 homicidios, la tendencia ha ido en aumento, alcanzando su punto más alto en 2021 con 1.317 casos.

Aunque el estado de emergencia busca atacar este problema, los resultados parecen insuficientes frente a la percepción de inseguridad que domina en la población. A pesar de las medidas excepcionales y la mayor presencia policial, octubre de 2023 cerró con al menos 30 homicidios en Lima, y noviembre arrancó con nuevos casos que amplían la preocupación de los ciudadanos.

¿Es sostenible el modelo de estado de emergencia?

El estado de emergencia, aunque presenta una aparente reducción en los índices de ciertos delitos, plantea dudas sobre su sostenibilidad y efectividad a largo plazo. Las cifras citadas por el ministro revelan avances moderados, pero la continuidad de homicidios y ataques violentos indica que las raíces de la criminalidad no han sido abordadas de manera integral.

Expertos señalan que estas medidas suelen tener un impacto limitado si no se acompañan de estrategias de prevención y justicia efectiva. La presencia policial intensificada puede disuadir temporalmente a los delincuentes, pero no resuelve los factores estructurales que impulsan el crimen, como la desigualdad, la falta de oportunidades y la debilidad de las instituciones de justicia.

Conclusión

El balance del estado de emergencia en Lima presenta un panorama mixto. Mientras el Ministerio del Interior resalta cifras que muestran una reducción en ciertos delitos, los casos de homicidios y la percepción de inseguridad entre los ciudadanos revelan una realidad compleja que va más allá de las estadísticas.

En el contexto del APEC 2024, el gobierno busca proyectar una imagen de control y estabilidad, pero los crímenes violentos y los constantes desafíos en seguridad cuestionan la efectividad de las medidas actuales. La pregunta que queda es si estas estrategias podrán evolucionar hacia soluciones sostenibles o si continuarán siendo un paliativo temporal frente a una problemática profunda.