El periodista César Hildebrandt ha lanzado duras críticas contra la Contraloría General de la República y su titular, César Aguilar Surichaqui, luego de que la institución exonerara a la presidenta Dina Boluarte de un presunto desbalance patrimonial. Según el informe de la Contraloría, no se encontraron irregularidades en el aumento de S/ 631,752 en los bienes de la mandataria entre 2021 y 2024, pese a que sus ingresos oficiales no justificarían dicho incremento.
“Por dudar de estas cuentas es que botaron al contralor anterior, Nelson Shack. En su lugar, pusieron a este siervo del Congreso y de Palacio, César Aguilar”, señaló Hildebrandt, sugiriendo que la remoción del excontralor obedeció a intereses políticos para proteger a Boluarte. Según María Alejandra Gonzales para Infobae.
Las inconsistencias en el informe de la Contraloría
De acuerdo con los registros patrimoniales, en 2021 Dina Boluarte declaró un ingreso anual de S/ 160,415, cifra que aumentó a S/ 792,167 en 2024, lo que representa un crecimiento de casi 400% en tres años. Sin embargo, la presidenta ha afirmado que dicho incremento se debe a sus ahorros personales y no a ingresos adicionales.
“Ella dice que no ha recibido préstamos ni herencias y asegura que no alquila vivienda. Pero las cifras no cuadran porque sus ingresos como presidenta, con los descuentos, ascienden a S/ 11,800 mensuales. De tal manera que la coartada de los ahorros personales no es suficiente”, cuestionó Hildebrandt.
El informe que exonera a Boluarte fue elaborado por la Subgerencia de Fiscalización de la Contraloría y firmado por Vanessa Walde Ortega, una funcionaria cuya falta de experiencia también ha sido objeto de controversia.
La cuestionada designación de Vanessa Walde Ortega
La funcionaria responsable del informe que exime a Boluarte no cumpliría con los requisitos mínimos para el puesto que ocupa. Según investigaciones periodísticas, Walde Ortega, de 32 años, fue nombrada subgerente sin contar con los ocho años de experiencia profesional ni los cinco años en áreas específicas que exige el reglamento del cargo.
Su vínculo con César Aguilar ha despertado sospechas, pues su padre, el exjuez supremo Vicente Walde Jáuregui, fue jefe del contralor en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Esta relación ha llevado a especular que su nombramiento habría sido producto de un favor político.
Además, se ha revelado que Walde Ortega se encuentra en Estados Unidos desde el 14 de enero de este año, pero sigue recibiendo su salario de manera íntegra, lo que ha generado pedidos de una investigación en el Ministerio Público sobre su situación laboral.
“Este contralor no fue elegido por su trayectoria ni su experiencia, sino por su lealtad política a quienes están en el poder”, denunció Hildebrandt, poniendo en duda la imparcialidad del informe.
Vínculos con “Los Cuellos Blancos”
El caso ha tomado mayor relevancia luego de que se conociera que la familia de Vanessa Walde Ortega tiene nexos con César Hinostroza, exjuez supremo y prófugo de la justicia, vinculado a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Vicente Walde Jáuregui, su padre, ha sido señalado como cercano a Hinostroza, lo que aumenta las sospechas de que el informe de la Contraloría podría haber sido influenciado políticamente.
El blindaje a Boluarte y el papel del Congreso
Una de las principales críticas al informe es que no ha sido derivado a la Fiscalía, a pesar de que un aumento patrimonial de más de S/ 600 mil en tres años sin sustento claro es suficiente para abrir una investigación.
“La Contraloría, autorizada por el Congreso, ha dado un veredicto que beneficia claramente a la presidenta. Esto ha sido una maniobra para evitar investigaciones”, denunció Hildebrandt.
El abogado y experto en derecho penal José Antonio Trelles también cuestionó el manejo del caso, señalando que la falta de independencia de la Contraloría podría estar impidiendo una auditoría real sobre las finanzas de la mandataria.
“Ella carece de la experiencia requerida para el puesto, pero es la responsable de evaluar y fiscalizar las declaraciones juradas de bienes, ingresos y rentas de altos funcionarios públicos”, afirmó Trelles sobre Vanessa Walde.
Contraloría bajo la lupa: ¿una entidad politizada?
El contralor César Aguilar Surichaqui fue nombrado en julio de 2023 tras la destitución de Nelson Shack, quien había sido crítico con algunas decisiones del Ejecutivo y el Congreso.
El hecho de que Dina Boluarte haya propuesto su designación y el Parlamento lo haya ratificado, ha generado dudas sobre la autonomía con la que Aguilar maneja la Contraloría.
Pese a las críticas, el contralor ha defendido el informe, asegurando que no encontraron indicios de desbalance patrimonial en las cuentas de la presidenta. No obstante, expertos han solicitado auditorías externas para garantizar que no haya conflictos de interés en la evaluación de los bienes de la mandataria.
Exigen intervención de la Fiscalía
Diversos sectores han pedido que la Fiscalía de la Nación inicie una investigación independiente para esclarecer el incremento patrimonial de Dina Boluarte.
El caso también ha sido denunciado en el Congreso, donde algunas bancadas opositoras han solicitado la creación de una comisión investigadora para analizar el informe de la Contraloría y la designación de funcionarios clave dentro de la institución.
Hildebrandt, por su parte, ha insistido en que la falta de acción del Ministerio Público demuestra cómo las instituciones están siendo manipuladas políticamente.
“Lo que estamos viendo es un intento burdo de encubrimiento. No quieren investigar a la presidenta, no quieren que la Fiscalía intervenga y han puesto a un contralor que les responde a ellos”, finalizó.
Conclusión: una Contraloría cuestionada y un informe en la mira
El informe de la Contraloría que exonera a Dina Boluarte de un desbalance patrimonial ha generado un fuerte debate sobre la independencia de las instituciones en el Perú. La designación de funcionarios con posibles conflictos de interés, los vínculos con redes de corrupción y la falta de remisión del caso a la Fiscalía, refuerzan las sospechas de que se estaría buscando blindar a la presidenta.
El futuro de este caso dependerá de si la Fiscalía o el Congreso deciden actuar ante las denuncias y cuestionamientos, o si, como advierte Hildebrandt, la corrupción y la manipulación política seguirán marcando la gestión pública en el país.
