La obra vial Higueras–Cozo se encuentra en el centro de una controversia luego de que el administrador de contratos de Transportes Regional, Kevin Dueñas Carvajal, señalara que la entidad detectó presuntas sobrevaloraciones en valorizaciones presentadas por la supervisión del proyecto.
Según declaró el funcionario, la valorización N.° 1 fue presentada por un monto de S/ 2’203,337 por concepto de mayores metrados. Sin embargo, tras la revisión técnica efectuada por la entidad, el monto reconocido habría sido reducido a aproximadamente S/ 966,872, cifra que —según precisó— terminó ajustándose en torno a los S/ 903,000.
De acuerdo con Dueñas Carvajal, si la entidad no hubiese revisado el expediente, se habría pagado el monto inicialmente aprobado por la supervisión. El funcionario sostuvo que el supervisor representa técnicamente a la entidad y que sus informes deben sustentarse en la normativa vigente y en la verificación en campo.
Reducción alarmante
El segundo punto observado, de acuerdo con lo declarado por Dueñas Carvajal, corresponde a la valorización N.° 9, presentada por S/ 1’600,000. Según su versión, el especialista en estructuras habría renunciado y comunicado por escrito que no podía validar partidas vinculadas a badenes, alcantarillas y otras obras de arte debido a que no participó en su supervisión directa.
El funcionario afirmó que dichas partidas se habrían ejecutado cuando la obra se encontraba suspendida. En ese contexto, recordó que la Ley de Contrataciones del Estado establece que, durante la suspensión formal de una obra, el contratista no puede realizar trabajos.
Tras las observaciones formuladas por la entidad, la valorización —según Dueñas— fue reducida a S/ 65,000. El propio funcionario indicó que el supervisor aceptó dicha reducción.
Además, señaló que durante la verificación en campo se habrían detectado metrados no concordantes con lo consignado en la valorización presentada. Estas afirmaciones, reiteramos, forman parte de la declaración del administrador de contratos y deberán ser contrastadas en las instancias correspondientes.
Perjuicio de S/ 2 millones
Consultado sobre el eventual impacto económico, Dueñas Carvajal sostuvo que la diferencia acumulada entre ambas valorizaciones superaría los S/ 2 millones y medio. Según manifestó, de no haberse advertido las observaciones, dichos montos podrían haber significado un perjuicio para el Estado.
Ante la pregunta sobre una posible coordinación indebida entre supervisión y contratista, el funcionario respondió que, a su juicio, “algo ha estado pasando”, aunque no presentó documentación adicional en ese momento. También señaló que, de haberse pagado las valorizaciones sin sustento, podría configurarse una sobrevaloración de obra y una presunta falsedad genérica.
Conciliación en curso y eventual arbitraje
Respecto al escenario contractual, Dueñas Carvajal informó que la empresa contratista habría iniciado un proceso de conciliación ante la Cámara de Comercio, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en el contrato suscrito entre las partes.
El funcionario explicó que, de no alcanzarse un acuerdo en conciliación, el caso podría pasar a arbitraje, mecanismo previsto para resolver controversias sobre mayores metrados y otros desacuerdos contractuales.
