El abogado Hernán Cajusol Chepe se pronunció sobre el pedido de vacancia contra el presidente José Jeri, luego de que se difundieran reuniones del mandatario con un empresario chino. Cajusol sostuvo que, desde el plano político, el comportamiento del jefe de Estado le resulta “lamentable” y “muy reprochable”, aunque remarcó que, conforme a su versión, hasta el momento no existirían indicios concretos de delito.
El letrado señaló que la Fiscalía de la Nación ya habría “aperturado” una investigación y consideró que las diligencias deben continuar. A la vez, indicó que el debate político sobre una eventual censura o vacancia puede intensificarse por el impacto público del caso, aun cuando —según manifestó— los elementos penales todavía no estarían definidos.
Cajusol advirtió, sin embargo, que una decisión extrema como la vacancia podría generar un escenario de “más de lo mismo”, al punto de “agravar” el problema, en vez de resolverlo. En ese sentido, planteó que, por la estabilidad del país y por el contexto de un proceso electoral en curso, “habría que darle el beneficio de la duda” al presidente, sin que ello implique detener las investigaciones ni el control institucional, según precisó.
De acuerdo con Cajusol, el caso no debería limitarse a una investigación fiscal. En su opinión, también correspondería que la Contraloría General de la República intervenga para seguir el rastro de eventuales decisiones administrativas vinculadas al empresario chino. El abogado sostuvo que la revisión debería enfocarse en identificar qué contratos o actos se habrían realizado y si existieron mecanismos indebidos de favorecimiento.
Según explicó, si se comprobara que determinadas decisiones se adoptaron como resultado de reuniones o gestiones irregulares, dichos actos podrían “intervenirse”, “suspenderse” o incluso ser “declarados nulos”, lo que —según su postura— permitiría cortar cualquier beneficio obtenido “tras bambalinas”. Cajusol recalcó que esta vía de control serviría como una salida institucional para reducir riesgos de aprovechamiento indebido, mientras se esclarecen responsabilidades.
El abogado insistió en que el presidente Jeri, conforme a su planteamiento, deberá responder en su oportunidad si la Fiscalía determina alguna responsabilidad penal. No obstante, reiteró que una vacancia en este tramo del calendario político podría ser contraproducente, porque implicaría reordenar el Ejecutivo en un periodo corto, con impactos sobre carteras y prioridades del Estado, según señaló.
Consultado por la presentación del presidente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Cajusol manifestó que el descargo “deja de todas maneras algunas dudas”. Entre los elementos que, según él, “abonan a favor” del mandatario, mencionó que en las reuniones difundidas el presidente “nunca estuvo solo”, pues habría estado acompañado por su equipo de trabajo, escolta y, en una ocasión, según dijo, por el ministro del Interior.
Sin embargo, Cajusol subrayó un punto que, a su juicio, no “encuadra”: que el presidente habría acudido a un local comercial clausurado para realizar supuestas compras. El abogado calificó ese hecho como “inusual” y sostuvo que ese tipo de situaciones alimenta interrogantes en la población. En esa línea, reiteró que la Fiscalía debe profundizar para determinar si, después de las reuniones, existieron actos concretos de favorecimiento, y que los órganos de control deberían verificar si hubo decisiones administrativas que correspondan ser revisadas o anuladas, según su planteamiento.
