- Contraloría revela irregularidades en contratación en el Gobierno Regional de Huánuco
- Durante el 2019 al 2021, el Gorehco contrató a hermano de un Juez Superior, quien estaba legalmente impedido de contratar con el Estado
Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha sacado a luz un caso de presunta irregularidad en el Gobierno Regional de Huánuco. Según este informe, entre los años 2019 y 2021, la institución suscribió nueve contratos irregulares con Waldemar Isidro Santos Espinoza, un abogado que estaba legalmente inhabilitado para contratar servicios con el Estado.
El informe establece que Waldemar Isidro Santos Espinoza es hermano de Samuel Santos Espinoza, Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Huánuco desde diciembre de 2018.
Según la Ley de Contrataciones del Estado, los familiares directos de los jueces no pueden contratar con el Estado en el ámbito de competencia de estos funcionarios, que en este caso abarca las provincias de Huánuco, Ambo, Pachitea, Dos de Mayo, Leoncio Prado, Marañón, Huamalíes, Yarowilca y Lauricocha.
Contratos
Pese a esta prohibición legal, el Gobierno Regional de Huánuco suscribió repetidamente contratos con el Sr. Santos Espinoza para proveer servicios jurídicos a la Procuraduría Pública Regional. Cada una de estas órdenes de servicio, que superaban los S/50,000, se emitió de manera irregular durante el periodo indicado.
La Contraloría encontró que Santos Espinoza presentó documentación imprecisa acerca de sus vínculos familiares para obtener una ventaja indebida en los procesos de selección.
Por ejemplo, en su declaración del 1 de marzo de 2021, afirmó: “Declaro bajo juramento no tener vinculación a nivel de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o por razón de matrimonio, con los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la Entidad”. Este acto, considerado como presentación de información inexacta, fue una de las piezas clave que permitió la realización de las contrataciones irregulares.
Esto supuso una violación flagrante de los principios de legalidad e integridad que rigen las contrataciones estatales.
El Informe de Acción de Oficio Posterior Nº 004-2023-2-5339-AOP, concluye que estas graves irregularidades provocaron un perjuicio económico significativo contra el erario nacional y recomienda que el Gobierno Regional inicie acciones legales contra los funcionarios implicados. Este caso pondría al descubierto una preocupante red de corrupción operando dentro de la institución.
Dato:
Las declaraciones juradas de parentesco, presentadas por Waldemar Santos, indicaban que no tenía vínculos con la entidad, omitiendo su impedimento legal para contratar.
