El Poder Judicial de Perú dictaminó este 21 de noviembre la prisión preventiva por 36 meses contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por presuntamente formar parte de la organización criminal denominada Los Waykis en la sombra. Esta organización habría utilizado a prefectos y subprefectos para recolectar firmas en favor del partido político Ciudadanos por el Perú, vinculado al hermano de la mandataria. Tras conocerse la decisión judicial, Nicanor fue declarado prófugo, lo que ha generado una fuerte controversia política y mediática en el país.
La defensa por parte de la presidenta no tardó en llegar. Durante sus primeras declaraciones tras la resolución, Dina Boluarte calificó las acusaciones contra su hermano como “difamaciones” y aseguró que las investigaciones responden a intereses políticos para desprestigiar su gestión. El informe de Ricardo Mc Cubbin para Infobae destaca que Boluarte criticó abiertamente a medios de comunicación como América Televisión y a programas investigativos como Cuarto Poder, señalando que estos no han presentado pruebas concretas contra Nicanor, sino que se basan en testimonios que, según ella, son tendenciosos.
Un caso que sacude a Palacio de Gobierno
El caso de Nicanor Boluarte ha puesto en jaque la imagen de Palacio de Gobierno. Según la tesis fiscal, la red criminal liderada por Los Waykis en la sombra habría operado utilizando recursos públicos para fines partidarios. Prefectos y subprefectos, funcionarios que representan al Ejecutivo en las regiones, estarían involucrados en la recolección de firmas para la inscripción de Ciudadanos por el Perú, un partido vinculado al investigado.
En enero de este año, Dina Boluarte ya había salido en defensa de su hermano en una conferencia de prensa. Durante aquel evento, no solo rechazó las acusaciones, sino que arremetió contra periodistas que cuestionaron la presunta participación de su familiar en actividades ilícitas. En ese momento, aseguró que Nicanor era víctima de una “cacería política” y reiteró que las investigaciones en su contra carecían de sustento.
El caso tomó un giro aún más polémico cuando el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, salió a respaldar públicamente a la mandataria. Según Adrianzén, la presidenta está “consternada” por la situación de su hermano, pero continúa desempeñando sus funciones con responsabilidad. Además, acusó a sectores opositores de utilizar este caso como un pretexto para intentar destituir a Boluarte por incapacidad moral.
El debate sobre la prisión preventiva en Perú
Uno de los puntos más controvertidos de este caso ha sido la decisión del Poder Judicial de imponer 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte. Joseph Campos, abogado del acusado, calificó esta medida como “autoritaria” y aseguró que refleja un sistema judicial que prioriza la privación de libertad antes que el debido proceso. Campos señaló, en diálogo con Infobae Perú, que es inadmisible que un fiscal necesite tres años para investigar a una persona mientras esta permanece encarcelada, afirmando que esta práctica vulnera derechos fundamentales.
“¿Quién le devuelve esos tres años a una persona si luego se demuestra que es inocente?”, cuestionó Campos. A su vez, Luis Vivanco, otro de los abogados de Nicanor, señaló que evaluarán la apelación presentada ante la Corte Superior antes de decidir si su cliente se someterá a la decisión judicial. Por el momento, el paradero de Nicanor Boluarte sigue siendo desconocido.
Este caso reabre el debate sobre el uso de la prisión preventiva en el sistema judicial peruano. Aunque esta medida es considerada una herramienta para evitar fugas o interferencias en el proceso de investigación, su aplicación prolongada ha sido criticada por organismos de derechos humanos y expertos legales. La polémica radica en el equilibrio entre garantizar la justicia y respetar la presunción de inocencia.
Implicancias políticas para el Gobierno de Boluarte
La situación judicial de Nicanor Boluarte no solo es un tema legal, sino también político. Analistas coinciden en que este caso representa un golpe para la imagen del Gobierno de Dina Boluarte, ya que refuerza las críticas de quienes acusan a su gestión de falta de transparencia y conflictos de interés. Además, las acusaciones han sido utilizadas por la oposición para alimentar los pedidos de vacancia presidencial.
Según el informe de Infobae, Adrianzén advirtió sobre una “judicialización de la política” en Perú, sugiriendo que las acusaciones contra la presidenta y su hermano forman parte de una estrategia para desestabilizar al Ejecutivo. Sin embargo, esta postura no ha sido suficiente para calmar las críticas de los sectores opositores ni de la opinión pública.
Los expertos señalan que la falta de una separación clara entre las funciones familiares y las responsabilidades gubernamentales podría erosionar aún más la confianza en las instituciones peruanas. Además, la negativa de Nicanor Boluarte a entregarse a la justicia agrega un elemento de tensión, ya que refuerza las percepciones de impunidad.
El futuro político de Dina Boluarte en juego
A medida que avanza el caso, el Gobierno enfrenta un panorama complejo. Las declaraciones públicas de Dina Boluarte en defensa de su hermano, junto con las críticas hacia los medios y el sistema judicial, podrían interpretarse como un intento de interferencia en un proceso que debería mantenerse independiente.
Por otro lado, el respaldo del gabinete ministerial demuestra la cohesión interna del Ejecutivo, aunque también podría generar descontento entre la población que exige un enfoque más firme contra la corrupción. En un país donde los escándalos de corrupción han marcado la caída de varios presidentes, este caso podría ser determinante para el futuro político de Boluarte.
En última instancia, el desenlace del caso de Nicanor Boluarte dependerá de la capacidad del sistema judicial para garantizar un proceso transparente y justo. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte deberá enfrentar el desafío de demostrar que su gestión puede mantenerse independiente de los problemas legales de su entorno familiar.
Conclusión: un caso que trasciende lo familiar
El caso de Nicanor Boluarte es un reflejo de las complejas dinámicas entre política, justicia y opinión pública en Perú. La prisión preventiva, la clandestinidad y la controversia en torno al uso de recursos públicos para fines partidarios han generado un debate que va más allá de lo jurídico, tocando las fibras del sistema democrático y la confianza ciudadana.
Dina Boluarte, como jefa de Estado, enfrenta el reto de mantener la legitimidad de su Gobierno mientras lidia con las repercusiones de este escándalo. La historia de este caso apenas comienza, y su desarrollo será clave para determinar no solo el futuro de los involucrados, sino también la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción en el país.
