Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, enfrenta una orden de prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien argumenta que existe un alto riesgo de fuga y una grave amenaza para el desarrollo de las investigaciones en el caso “Los Waykis en la Sombra”. Según un informe de Pamela Arroyo para La República, la decisión se tomó luego de que Nicanor no se presentara en las audiencias programadas y sus abogados declararan desconocer su paradero.
En este proceso, Nicanor Boluarte es investigado junto a otros implicados, entre ellos Mateo Castañeda, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Las acusaciones giran en torno a la designación de prefectos, subprefectos y cargos en el Instituto Peruano del Deporte (IPD) con fines proselitistas, lo que habría configurado un esquema de manipulación política dentro del Estado.
¿Quiénes son “Los Waykis en la Sombra”?
La organización criminal investigada en este caso estaría involucrada en un esquema de tráfico de influencias en el aparato estatal. Según las autoridades, la red tenía como objetivo consolidar poder político mediante la designación de cargos clave en el gobierno, utilizando estas posiciones para beneficios personales y partidarios.
Nicanor Boluarte es señalado como uno de los principales operadores de esta red. A pesar de los intentos de su defensa por desacreditar las acusaciones, la fiscalía presentó pruebas que apuntan a su rol activo en la organización, lo que llevó al Poder Judicial a imponerle prisión preventiva por 36 meses. Según Concepción Carhuancho, la falta de arraigo domiciliario y laboral de Nicanor, además de su vínculo directo con la presidenta de la República, incrementa el riesgo de fuga.
Peligro de fuga: el factor Dina Boluarte
El juez Concepción Carhuancho fundamentó su decisión argumentando que el parentesco entre Nicanor y la presidenta Dina Boluarte podría facilitar su salida del país. A pesar de no haberse registrado movimientos migratorios de Nicanor desde 2018, el magistrado subrayó que este lazo familiar es un elemento clave que aumenta el riesgo de evasión de la justicia.
El escenario planteado por el juez encuentra eco en declaraciones del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien enfatizó que la Policía Nacional debe priorizar la búsqueda y captura de Nicanor si este opta por mantenerse en la clandestinidad. “Cualquier funcionario implicado en delitos penales debe someterse al Ministerio Público y el Poder Judicial. La Policía tiene la obligación de intervenir en caso de fuga”, aseguró Salhuana.
Impacto político y reacción del Gobierno
El caso no solo ha levantado cuestionamientos sobre la integridad de los procesos judiciales, sino que también ha puesto a la administración de Dina Boluarte en una situación de constante escrutinio. Aunque la presidenta no está formalmente implicada en las investigaciones, la cercanía de su hermano con la presunta organización criminal ha alimentado críticas desde diversos sectores políticos y sociales.
Analistas como la politóloga Ana López señalan que esta situación podría erosionar aún más la confianza pública en el Ejecutivo. “El caso de Nicanor Boluarte es una prueba de fuego para el Gobierno. Su manejo determinará si Dina Boluarte logra proyectar una imagen de independencia frente a los procesos judiciales o si se ve arrastrada por el escándalo”, comentó López en un reciente foro.
El futuro de Nicanor Boluarte y el caso “Los Waykis”
A pesar de la orden de prisión preventiva, la ubicación actual de Nicanor Boluarte sigue siendo desconocida. Este vacío ha generado críticas hacia las autoridades encargadas de su captura, que hasta ahora no han logrado dar con su paradero. La Fiscalía insiste en que la medida es fundamental para garantizar la continuidad de las investigaciones, ya que la presunta organización criminal tendría la capacidad de obstruir las indagaciones.
Además, el caso incluye a otros actores de alto perfil, como Mateo Castañeda, cuyo rol dentro de la organización también es motivo de investigación. La dimensión del caso podría expandirse a medida que se revelen más detalles sobre las redes de influencia detrás de “Los Waykis en la Sombra”.
Conclusión: un golpe a la imagen presidencial
El caso de Nicanor Boluarte marca un hito en la relación entre el poder político y el sistema de justicia en el Perú. Más allá de las acusaciones individuales, este episodio subraya la vulnerabilidad de las instituciones frente a redes de corrupción que buscan infiltrarse en el Estado.
Para la presidenta Dina Boluarte, la sombra de este escándalo representa un desafío monumental. Su capacidad para desvincularse del caso y permitir que la justicia actúe con independencia será clave no solo para su gobierno, sino también para la percepción pública de su compromiso con la transparencia y la legalidad.
La atención ahora se centra en las acciones de la Policía Nacional y la Fiscalía. El desenlace del caso “Los Waykis en la Sombra” definirá no solo el destino de Nicanor Boluarte, sino también el grado de resiliencia del sistema judicial peruano frente a la presión política y mediática.
