La abogada René Boluarte Zegarra, hermana de la presidenta Dina Boluarte, ha sido designada como asesora principal en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo que ha generado inquietudes sobre una posible interferencia política en el sistema judicial.
Esta designación ocurre en un contexto en el que la JNJ ha renovado sus miembros y asumido funciones con el aparente propósito de intervenir en el Poder Judicial y el Ministerio Público, instituciones que investigan a la presidenta, su hermano Nicanor Boluarte y otros líderes políticos.
Red de Poder en la JNJ
Además de René Boluarte, otros excolaboradores cercanos a Dina Boluarte han sido designados en altos cargos dentro de la JNJ:
- Giovanna María Díaz Revilla (Secretaría General) – Nombrada el 25 de enero de 2025, con la mayor autoridad administrativa en la Junta.
- Joel Bolivia Revolledo (Dirección General) – Asumió funciones el 14 de enero de 2025.
- José Antonio Jáuregui Silva (Oficina de Comunicaciones e Imagen) – Vinculado a Podemos Perú y José Luna Gálvez, ingresó el 9 de enero de 2025.
Junto con la consejera María Teresa Cabrera, de Podemos Perú, estos funcionarios se han convertido en un grupo de poder dentro de la JNJ, encargada de nombrar, ratificar y evaluar a jueces y fiscales en todo el país.
Conflicto de Interés en el Entorno de Boluarte
La designación de René Boluarte ha reavivado cuestionamientos sobre conflictos de intereses. En mayo de 2022, la Contraloría General detectó que Dina Boluarte no incluyó a sus cuñados en su declaración jurada, lo que generó sospechas de irregularidades.
Uno de ellos es Alfredo Florentino Pezo Paredes, esposo de René Boluarte, quien en 2021 fue contratado por la Contraloría cuando Dina Boluarte era vicepresidenta y ministra del MIDIS. En 2022, el Tribunal de Contrataciones del Estado (OSCE) modificó su jurisprudencia para exonerarlo de responsabilidad, decisión que coincidió con el archivo de denuncias contra Boluarte en el Congreso.
Preocupación por la Autonomía de la Justicia
Dada la relevancia de la JNJ en la administración de justicia, sectores políticos y civiles han expresado preocupación por su independencia, señalando el riesgo de que se convierta en un instrumento de control político sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
