El coronel Harvey Colchado, reconocido por su destacada trayectoria en la lucha contra el crimen organizado, ha acusado al Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, de favorecer la impunidad al observar la ley que buscaba restituir la detención preliminar. En declaraciones recogidas por Infobae, Colchado destacó que esta medida es indispensable para combatir la criminalidad, calificando la decisión del gobierno como un retroceso que afecta directamente a la Policía Nacional del Perú (PNP).
El coronel, quien fue retirado de la PNP en enero tras 28 años de servicio, se pronunció mediante su cuenta oficial en X (antes Twitter), expresando su rechazo a la postura adoptada por el Ejecutivo y el Ministerio del Interior. “La detención preliminar es una herramienta indispensable y determinante para la neutralización de elementos criminales. En la cadena de valor de la investigación criminal, esta acción es clave para desarraigar a los malos elementos del tejido social y salvaguardar temporalmente a la sociedad”, señaló Colchado en su comunicado.
Una medida clave en riesgo
Según el coronel, la detención preliminar permite asegurar que los sospechosos de delitos sean puestos a disposición de la justicia mientras se recopilan pruebas determinantes para establecer su responsabilidad. “Quienes hemos enfrentado la criminalidad directamente durante más de dos décadas entendemos la importancia de esta medida, que no solo protege a la sociedad, sino que también fortalece las investigaciones”, agregó.
Colchado criticó duramente al Ministro del Interior, acusándolo de priorizar enfoques que debilitan el trabajo policial. “Construyen su carrera desbaratando la teoría del fiscal y del policía investigador, permitiendo que el delincuente violento, el extorsionador o el criminal permanezca libre”, aseveró.
La controversia en torno a la detención preliminar
El debate sobre la detención preliminar se intensificó luego de que el Ejecutivo observara la ley que buscaba restablecer esta medida en casos de flagrancia. La decisión, comunicada al Congreso en el último día del plazo, ha generado un vacío que afecta directamente las labores de la PNP y el Ministerio Público.
Mientras el Congreso decide si corrige la norma o la aprueba por insistencia, las autoridades enfrentan limitaciones para actuar contra delincuentes detenidos, lo que ha resultado en la liberación de miembros de organizaciones criminales como “Las Hienas Verdes”.
Reacciones y contexto político
La polémica se remonta a diciembre de 2023, cuando el Congreso aprobó inicialmente la norma que eliminaba la detención preliminar. Sin embargo, ante las críticas, los parlamentarios votaron rápidamente para restablecerla días antes del cierre de la legislatura.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, informó que la norma fue remitida al Ejecutivo el 16 de diciembre, pero la respuesta llegó recién el 13 de enero. “El retraso en la promulgación de la ley ha generado incertidumbre y afectado la capacidad operativa de la policía”, señaló un analista político consultado por Infobae.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, justificó el retraso alegando que el análisis técnico de la norma tomó más tiempo del previsto. “Los días que nos hemos tardado han sido los días en que los equipos técnicos han demorado para hacer el análisis respectivo”, afirmó Adrianzén durante un evento público, sin ofrecer detalles específicos sobre las observaciones realizadas.
Impacto en la lucha contra el crimen organizado
La ausencia de la detención preliminar complica significativamente las investigaciones y el accionar policial en casos de criminalidad organizada. Según Colchado, la medida es crucial para actuar en momentos clave y evitar que los responsables de delitos graves evadan la justicia.
Este vacío legal ya ha generado consecuencias tangibles, como la liberación de delincuentes detenidos en flagrancia. “Es incomprensible que mientras las organizaciones criminales fortalecen sus estructuras, las herramientas legales para combatirlas sean debilitadas por decisiones políticas”, señaló un experto en derecho penal.
La situación de Harvey Colchado
El coronel Harvey Colchado, conocido por su participación en casos emblemáticos contra la corrupción y el crimen organizado, fue retirado de la PNP bajo el argumento de una “renovación de cuadros”. Sin embargo, su salida ha sido vista por muchos como una represalia por su trabajo en investigaciones sensibles.
Colchado ha acudido al Poder Judicial para solicitar su restitución, argumentando que su retiro fue arbitrario y careció de fundamentos sólidos. Mientras tanto, continúa siendo una voz crítica frente a las decisiones del gobierno que, según él, afectan directamente la seguridad ciudadana.
El camino por delante
El Congreso deberá decidir si corrige las observaciones del Ejecutivo o aprueba la ley por insistencia. Para ello, se requieren 78 firmas que permitan convocar a un pleno. Mientras tanto, la PNP y el Ministerio Público enfrentan limitaciones que complican su capacidad de respuesta ante la criminalidad.
“El tiempo es crucial. Cada día que pasa sin esta herramienta es un día en el que los ciudadanos quedan más expuestos a la delincuencia”, afirmó un representante del Ministerio Público.
