En un nuevo episodio de la confrontación entre la Administración Trump y el ámbito académico, una juez federal en Boston ha emitido un bloqueo temporal a la medida que buscaba impedir a la Universidad de Harvard la matriculación de estudiantes extranjeros. Este giro se produce en medio de tensiones preexistentes relacionadas con políticas universitarias y acusaciones de antisemitismo, que han llevado incluso a la congelación de fondos federales destinados a la institución.
Según la investigación publicada por Gestión.pe, la orden judicial emitida por la juez Allison D. Burroughs responde a una moción urgente presentada por la propia Universidad de Harvard, solicitando una suspensión temporal de la orden gubernamental que amenazaba con revocar su autorización para admitir estudiantes internacionales, quienes representan una parte significativa de su comunidad académica, aproximadamente un cuarto del alumnado.
La jueza Burroughs justificó su decisión argumentando que Harvard ha logrado demostrar que sufriría un “daño inmediato e irreparable” si la restricción impuesta por la Administración Trump entrara en vigor. Este argumento subraya la importancia que la universidad otorga a la diversidad y al intercambio cultural que aportan los estudiantes extranjeros a su entorno académico y de investigación.
Adicionalmente, Burroughs ha programado una audiencia para el próximo 27 de mayo, donde ambas partes deberán presentar sus argumentos de manera formal. La restricción temporal se mantendrá vigente hasta entonces, lo que proporciona un respiro a Harvard y a sus estudiantes internacionales, al menos hasta que se celebre la mencionada audiencia.
La reacción del presidente Trump no se hizo esperar. En declaraciones desde el Despacho Oval, el mandatario calificó de “ridículo” que se hayan destinado “miles de millones de dólares” a Harvard. Trump cuestionó la capacidad académica de algunos estudiantes de la universidad, acusándolos de ser “antisemitas” y “alborotadores”, reflejando una visión crítica hacia ciertas políticas y el ambiente que percibe en la institución.
La controversia se intensificó cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, notificó a Harvard la revocación de su programa para Estudiantes y Visitantes Extranjeros, exigiendo a los estudiantes actualmente inscritos que se trasladen a otras universidades para no perder su estatus migratorio. Esta medida provocó una inmediata respuesta por parte de Harvard, que interpuso una demanda argumentando que la certificación para recibir a extranjeros es “esencial” para su funcionamiento y para la legalidad de la estancia de sus estudiantes internacionales.
Esta no es la primera vez que Harvard se enfrenta a la Administración Trump en los tribunales. En abril, la universidad demandó para recuperar la financiación federal congelada (2,600 millones de dólares), acusando al gobierno de tomar represalias por supuestas conductas antisemitas. La situación se enmarca en un contexto de crecientes tensiones entre el gobierno y las universidades, especialmente aquellas que han sido señaladas por el ‘Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo’ por políticas de ‘discriminación positiva’ o falta de “diversidad de ideas”. Este conflicto refleja una confrontación más amplia sobre los valores y la dirección de la educación superior en Estados Unidos.
