En el panorama educativo de nuestra ciudad, un evento reciente ha generado preocupaciones legítimas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de nuestras instituciones. El emblemático colegio Nuestra Señora de las Mercedes, un baluarte de la educación y formación de futuras generaciones, se encuentra en el ojo del huracán debido a la suspensión inesperada y no comunicada de las elecciones para la renovación de su Asociación de Padres de Familia (Apafa).
Esta suspensión no solo interrumpe un proceso democrático fundamental sino que también levanta interrogantes sobre la gestión de la institución durante las últimas dos décadas. La exdirectora, Lourdes Cecilio, quien ocupó el cargo por 23 años sin presentar informes detallados sobre las finanzas de la escuela, ha dejado un vacío de información que afecta directamente la confianza de la comunidad educativa. La situación se complica aún más con acusaciones hacia la exdirectora de intentar influir en la composición futura de la Junta Directiva de la Apafa para perpetuar una gestión opaca.
Ante este escenario, se plantea una necesidad imperiosa de acción y respuesta por parte de las autoridades competentes. La Dirección Regional de Educación, junto con el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público y el órgano de control de la DRE, debe intervenir con prontitud para garantizar la transparencia y la justicia en el proceso electoral de la Apafa. Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva sobre las gestiones pasadas y se establezcan mecanismos claros para la rendición de cuentas.
Para resolver esta problemática y prevenir su repetición en el futuro, se debería de considerar la implementación de un sistema de auditoría externa independiente que revise periódicamente las finanzas y la gestión de todas las instituciones educativas. Este sistema debería incluir la participación de representantes de la comunidad educativa en el proceso de revisión para asegurar transparencia y confianza en los resultados.
Además, es crucial fomentar una cultura de responsabilidad y participación ciudadana dentro de la comunidad educativa, capacitando a padres de familia, profesores y estudiantes en prácticas de gestión democrática y fiscalización.
