El caso de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, sigue generando controversia en el escenario político y judicial peruano. A pesar de la orden de prisión preventiva de 36 meses dictada en su contra por presunta participación en la organización criminal Los Waykis en la Sombra, el Ministerio del Interior ha confirmado que no incluirá al acusado en el programa de los más buscados, que ofrece recompensas por información sobre prófugos de la justicia. Según declaraciones del primer ministro Gustavo Adrianzén, recogidas por Narda Saavedra para La República, Nicanor Boluarte “no cumple las condiciones” necesarias para integrar dicha lista.
Esta decisión, sumada a la ausencia del investigado en las audiencias clave, pone en tela de juicio la eficacia del sistema de justicia peruano y lanza nuevas interrogantes sobre la relación de este caso con el entorno presidencial. Adrianzén aseguró que el paradero de Nicanor es desconocido, admitiendo que el Gobierno no tiene información sobre su localización. Estas declaraciones se producen en medio de un panorama político polarizado, donde sectores de la oposición buscan vincular a Dina Boluarte con las actividades ilícitas atribuidas a su hermano.
La prisión preventiva y el debate sobre la clandestinidad
Nicanor Boluarte se encuentra en la clandestinidad desde antes de que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara la orden de prisión preventiva en su contra. Según la tesis fiscal, Los Waykis en la Sombra habrían utilizado recursos estatales, específicamente a prefectos y subprefectos, para recolectar firmas en favor del partido político Ciudadanos por el Perú, del cual Nicanor es figura clave. A pesar de ello, el primer ministro Adrianzén negó que el caso esté relacionado con la presidenta y calificó como infundadas las acusaciones que buscan establecer un nexo entre Dina Boluarte y esta presunta red criminal.
“No puedo admitir que se haga un ejercicio de judicialización de la política para vincular a la presidenta con esta organización y, peor aún, para plantear una vacancia por incapacidad moral. No hay pruebas concretas de su relación con este caso”, expresó Adrianzén. Sus declaraciones destacan el argumento gubernamental de que el caso contra Nicanor es utilizado como un pretexto político para desestabilizar al Ejecutivo.
¿Por qué Nicanor Boluarte no será considerado “más buscado”?
El programa de los más buscados del Ministerio del Interior tiene criterios específicos para incluir a personas en su lista. Según Adrianzén, estos lineamientos no se cumplen en el caso de Nicanor Boluarte, aunque no detalló cuáles son las condiciones que excluyen al hermano de la presidenta. Esta decisión ha generado críticas en la opinión pública, ya que su condición de prófugo parece justificar su inclusión en el listado.
En contraste, Adrianzén comparó la situación de Nicanor con la de Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, quien lleva más de un año en la clandestinidad y tampoco ha sido capturado. “No quiero adelantarme, pero hay condiciones en el país que facilitan que personas como Cerrón y Boluarte estén prófugas. Sin embargo, la Policía sigue en búsqueda activa”, afirmó el primer ministro. Estas declaraciones han sido interpretadas por analistas como un intento del Gobierno por desvincularse de las responsabilidades en ambos casos.
Implicancias políticas para Dina Boluarte
La conexión entre Dina Boluarte y su hermano ha sido un arma política para la oposición. Desde que estalló el caso, diversos sectores han cuestionado la capacidad moral de la presidenta para liderar el país, argumentando que su cercanía familiar la compromete éticamente. Aunque Adrianzén insiste en que Dina Boluarte no tiene ninguna relación con Los Waykis en la Sombra, las críticas no han cesado.
“El intento de vincular a la presidenta con una organización criminal sin pruebas es parte de una estrategia para justificar una vacancia”, afirmó Adrianzén. Estas palabras reflejan la postura del Gobierno, que considera que el caso de Nicanor Boluarte se está utilizando políticamente para debilitar a Dina Boluarte. Sin embargo, la percepción pública sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país sigue siendo negativa, lo que podría tener consecuencias para la estabilidad del Ejecutivo.
El peso de la clandestinidad en el sistema judicial peruano
El caso de Nicanor Boluarte también reaviva el debate sobre la capacidad del sistema judicial para manejar casos de corrupción y crimen organizado. La clandestinidad de acusados de alto perfil, como Boluarte y Cerrón, pone en evidencia las limitaciones del Estado para hacer cumplir las decisiones judiciales. Aunque el Gobierno insiste en que estos casos están bajo la jurisdicción del Poder Judicial, la falta de capturas alimenta la desconfianza en las instituciones.
Para algunos analistas, el hecho de que Nicanor Boluarte no sea incluido en la lista de los más buscados podría interpretarse como un trato diferenciado, lo que afectaría aún más la percepción de imparcialidad en el caso. Por otro lado, el abogado defensor de Nicanor ha criticado la prisión preventiva como una medida excesiva, argumentando que viola los principios fundamentales de la presunción de inocencia.
¿Qué sigue para el Gobierno y el caso Nicanor Boluarte?
A medida que avanza este caso, el Ejecutivo enfrenta un dilema complejo. Por un lado, Dina Boluarte debe mantener su postura de desvinculación con las actividades de su hermano, mientras lidia con las repercusiones políticas del escándalo. Por otro lado, la oposición seguirá utilizando este caso como una bandera para cuestionar su liderazgo y exigir transparencia.
En cuanto a Nicanor Boluarte, su situación como prófugo plantea interrogantes sobre el desenlace de las investigaciones. La falta de su captura podría alargar el proceso judicial, mientras que su ausencia refuerza la narrativa de que ciertos sectores gozan de impunidad.
En última instancia, el caso de Nicanor Boluarte no solo afecta la esfera familiar de la presidenta, sino que también tiene implicancias significativas para el panorama político y la confianza pública en las instituciones. Como señaló Narda Saavedra en su informe para La República, el Gobierno deberá enfrentar las críticas y demostrar que está comprometido con la justicia, más allá de los lazos familiares.
Este caso será un punto de inflexión para medir la capacidad del sistema judicial peruano y la fortaleza política del Gobierno de Dina Boluarte en un contexto cada vez más polarizado.
