El legislador fue condenado a 15 años de prisión por afiliación terrorista, en un fallo que sacude las estructuras del Congreso, reabre viejas heridas del conflicto armado y genera una fractura en la narrativa política nacional
En una decisión sin precedentes en la historia reciente del Parlamento peruano, el Poder Judicial sentenció al congresista en funciones Guillermo Bermejo Rojas a quince años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista. La resolución fue emitida el 24 de octubre de 2025 por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que halló al legislador responsable de establecer vínculos orgánicos con el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), remanente armado de Sendero Luminoso que opera en el conflictivo Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
La sentencia dispone que Bermejo deberá cumplir su condena hasta el año 2040, descontándose los 155 días que estuvo previamente bajo detención preventiva entre 2015 y 2017. Además, se le impuso el pago de una reparación civil de S/100,000 a favor del Estado, una multa equivalente a 7,800 días multa, y la inhabilitación política por dos años posteriores al cumplimiento de su pena. Este último punto lo deja fuera de cualquier posibilidad de participación electoral o desempeño en cargos públicos durante ese lapso.
El fallo, ejecutable de inmediato debido a que el proceso fue tramitado bajo el antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940, marca un antes y un después en el tratamiento judicial de los vínculos entre actores políticos y organizaciones armadas con pasado terrorista. A diferencia del nuevo Código Procesal Penal, donde las sentencias de primera instancia pueden suspenderse hasta su ratificación, en este caso se ordenó el encarcelamiento inmediato del condenado, quien fue trasladado al Penal de Ancón I tras ser evaluado por Medicina Legal.
El caso, no obstante, está lejos de llegar a su punto final. La defensa del legislador anunció la presentación de un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, en busca de revertir la sentencia en segunda instancia.
Del activismo político a la imputación penal: los antecedentes que configuran un perfil de riesgo
Guillermo Bermejo Rojas, limeño de 50 años, tuvo un tránsito político e ideológico que, según diversas fuentes periodísticas como Inforegión y La República, osciló entre el activismo radical de izquierda y la promoción de una agenda constituyente. Aunque inició su militancia como candidato distrital del APRA en 2002, más adelante fundó el movimiento Todas las Voces, agrupación que —de acuerdo con investigaciones difundidas por Caretas— integró la Coordinadora Continental Bolivariana y mantuvo nexos ideológicos con el chavismo venezolano y movimientos armados como las FARC y el ELN.
Fue elegido congresista en 2021 bajo la bandera de Perú Libre, obteniendo la mayor votación de su partido en Lima. Sin embargo, su trayectoria en el Legislativo ha estado marcada por rupturas internas, intentos de liderazgo propio y un discurso confrontacional. Tras renunciar a su bancada inicial y promover sin éxito una moción de censura contra la entonces presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, fundó su propia organización política: Voces del Pueblo. Esta fue inscrita oficialmente en el Registro de Organizaciones Políticas en octubre de 2024, lo que le permitió lanzar su precandidatura presidencial para 2026 dentro de la alianza “Venceremos”.
Todo ese recorrido político, sin embargo, se ha visto abruptamente truncado por una acusación que arrastra desde hace más de una década y que ha pasado por tres procesos judiciales distintos. En dos oportunidades —2017 y 2022— fue absuelto por insuficiencia de pruebas, pero la Corte Suprema anuló ambas sentencias y ordenó nuevos juicios. El actual proceso, iniciado en 2023, culminó con una condena que ha generado divisiones en el ámbito jurídico, político y mediático.
Los cargos que derivaron en condena: testimonios, documentos y evidencia de inteligencia
El núcleo del caso fiscal sostiene que entre los años 2008 y 2009, Bermejo habría visitado campamentos senderistas en el VRAEM, donde fue adoctrinado ideológicamente y entrenado en el uso de armas por la facción comandada por los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino, alias “José” y “Raúl”, líderes del MPCP.
El Ministerio Público sostiene que Bermejo habría recibido instrucciones para establecer vínculos internacionales con otros grupos armados y contribuir a la captación de nuevos cuadros juveniles para la organización. Asimismo, habría realizado un aporte económico de US$1,000 para el financiamiento de la llamada “Cátedra Ernesto Che Guevara”, utilizada como plataforma de propaganda revolucionaria.
La acusación se sustenta en testimonios de seis colaboradores eficaces, entre ellos el CE-3022, quien indicó haber transportado al entonces activista hasta una zona controlada por el MPCP en Huachinapata. Otro colaborador, CE-3024, declaró que Bermejo hizo contribuciones económicas a la causa senderista. Estas declaraciones fueron corroboradas con material audiovisual, fotografías, dispositivos USB con contenido ideológico y documentos de inteligencia de la DIRCOTE, así como informes confidenciales de la Policía Nacional emitidos entre 2008 y 2021.
Ecos políticos: entre la solidaridad de la izquierda y el reproche del centro y la derecha
La reacción en el espectro político nacional ha sido profundamente dividida. Mientras la Bancada Socialista y otras agrupaciones afines a Bermejo calificaron la sentencia como “una expresión de persecución judicial” y una muestra del presunto “lawfare” promovido por sectores conservadores, voceros del centro y la derecha han señalado que el fallo representa una reafirmación de los principios democráticos del Estado de Derecho.
El editorial del diario El Comercio fue particularmente crítico, subrayando que la responsabilidad política de haber llevado a Bermejo al Congreso recae sobre Perú Libre, Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, aludiendo a que “no pueden alegar desconocimiento” sobre sus antecedentes.
En paralelo, diversas figuras del constitucionalismo han abierto un debate sobre la consistencia del proceso judicial. El abogado penalista Mario Amoretti cuestionó la reiteración de juicios por los mismos hechos, aunque reconoció que técnicamente no se ha violado el principio de ne bis in idem, dado que las absoluciones previas fueron anuladas por instancias superiores.
Consecuencias inmediatas: escaño en disputa y aspiraciones canceladas
Con la sentencia firme en primera instancia y su traslado al penal de Ancón I, la situación del escaño parlamentario de Bermejo ha quedado en una zona gris. El artículo 25 del Reglamento del Congreso establece que los congresistas detenidos por más de 120 días deben ser reemplazados por sus accesitarios. En este caso, la llamada a ocupar el escaño sería Zaira Arias Berrocal, exmilitante de Perú Libre y activista política.
Sin embargo, otra disposición legal —el artículo 15-A del mismo reglamento— especifica que cuando la vacancia obedece a una condena por terrorismo, la curul debe quedar sin reemplazo, declarando “silla vacía”. La Mesa Directiva del Congreso deberá resolver este conflicto normativo en los próximos días. Algunos especialistas han sugerido que Arias podría asumir temporalmente mientras se define la apelación ante la Corte Suprema.
En el plano político-electoral, la condena también representa el cierre de cualquier posibilidad de participación presidencial para Bermejo en 2026. La inhabilitación que acompaña la sentencia lo excluye formalmente del proceso electoral. A pesar de ello, su agrupación Voces del Pueblo aún mantiene personería jurídica y podría postular a otro candidato.
Un caso emblemático: cuando la política y el legado de la violencia convergen
Más allá del destino personal del legislador, el caso Bermejo reabre un debate más profundo sobre los límites entre activismo político, radicalismo ideológico y apología del terrorismo. La resolución judicial señala expresamente que no se juzga una ideología, sino una conducta activa de colaboración con una organización considerada terrorista por el Estado peruano y diversas entidades internacionales.
El Militarizado Partido Comunista del Perú, remanente de Sendero Luminoso, ha sido responsable de ataques armados, extorsión y vínculos con el narcotráfico en el VRAEM. A diferencia de la facción original dirigida por Abimael Guzmán, esta organización combina ideología marxista-leninista-maoísta con elementos del etnonacionalismo andino y conexiones con movimientos bolivarianos en América Latina.
La participación —probada o presunta— de figuras políticas en actividades coordinadas o vinculadas a estas redes subversivas supone un desafío directo al equilibrio democrático. Y al mismo tiempo, expone la vulnerabilidad de las instituciones judiciales ante acusaciones de instrumentalización política.
La última palabra sobre la inocencia o culpabilidad definitiva de Guillermo Bermejo recaerá ahora en la Corte Suprema. Su fallo marcará no solo el destino de un legislador en funciones, sino también el rumbo del debate nacional sobre la memoria, la justicia y los límites del ejercicio político en una sociedad que aún carga las cicatrices del conflicto armado interno.
