No habrá paro de transportistas este martes 7 de octubre. Los principales gremios del sector acordaron suspender la medida de fuerza luego de una reunión de más de tres horas con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, en la que se alcanzaron cinco compromisos clave para atender las demandas del sector frente al incremento de la inseguridad ciudadana.
“Hemos llegado a acuerdos”, anunció Arana durante la conferencia de prensa ofrecida en la sede de la PCM. “Le expresamos a todos los conductores y gremios nuestra solidaridad. Las extorsiones deben ser denunciadas para acelerar su resolución”, añadió el titular del Gabinete.
La decisión pone fin a la paralización iniciada el lunes 6 de octubre, que los gremios habían advertido que se extendería por 48 horas si no se lograban avances. De esta manera, el servicio de transporte urbano en Lima y Callao se restablecerá con normalidad desde este martes, según confirmó la Presidencia del Consejo de Ministros.
Cinco acuerdos
El acta firmada entre los representantes del Ejecutivo y los gremios de transporte urbano y provincial recoge los siguientes compromisos: Instalación de una mesa de trabajo permanente con participación de la PCM, autoridades competentes y empresas de transporte. Apoyo integral del Gobierno a conductores, cobradores y familias afectadas por delitos o extorsiones.
Asimismo, Coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial para implementar unidades de flagrancia y fortalecer el bloqueo de líneas telefónicas en penales. Evitar medidas que afecten el servicio de transporte, comprometiéndose a dialogar antes de nuevas acciones de protesta. Restablecimiento total del servicio y suspensión definitiva del paro iniciado el lunes.
El dirigente Miguel Palomino, uno de los voceros de los gremios, indicó que este martes sostendrán una nueva reunión técnica para afinar detalles del cumplimiento de los compromisos y reiteró el pedido de liberar a los choferes detenidos durante la jornada de protesta.
Reclamo de fondo
El principal reclamo de los transportistas gira en torno a la ola de violencia y extorsiones que golpea al sector. Denuncian que las mafias exigen pagos (“cupos”) a los conductores y empresarios a cambio de no atentar contra ellos o sus unidades.
Entre las demandas presentadas al Ejecutivo destacan declarar en estado de emergencia el transporte urbano de Lima y Callao, para permitir acciones más contundentes contra las mafias. Garantizar la seguridad de choferes y cobradores mediante patrullaje especializado y protección en zonas de alto riesgo.
También deberá investigar la posible complicidad de funcionarios públicos o miembros de la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial con redes de extorsión. Acelerar proyectos de ley que fortalezcan la respuesta penal ante delitos contra el transporte público.
